El 18 de setiembre de 2006, hace 12 años, desapareció en Buenos Aires  Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.  López fue secuestrado por primera vez el 27 de octubre de 1976. Casi 30 años más tarde, el 18 de septiembre de 2006 -durante el gobierno de Néstor Kirchner-, fue desaparecido por segunda vez, entre las 0 y las 7 de la mañana, según el expediente judicial.

Militante en una unidad básica de Montoneros, López pasó por distintos centros clandestinos de detención del circuito Camps: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata. El 4 de abril de 1977 fue legalizado en la cárcel de La Plata (U9), donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979. Declaró por primera vez sobre los tormentos que sufrió y los asesinatos que vio en los juicios por la verdad el 7 de julio de 1999. Volvió a declarar en la instrucción de la causa contra Miguel Etchecolatz -el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura- el 16 y el 30 de noviembre de 2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006. Era el primer juicio que se iniciaba luego de que fueron declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declarara inconstitucionales. Luego de la desaparición de Santiago Maldonado -durante el gobierno de Mauricio Macri-, su caso volvió a la agenda pública.

Su desaparición fue investigada, en un comienzo, en dos causas. La primera -que se tramitó en el tribunal provincial a cargo de la jueza Marcela Garmendia- se inició con la denuncia de su hijo, Gustavo López, a las 11.30 de ese mismo día. La carátula era “averiguación de paradero”. La segunda, que recayó en el tribunal federal que tenía al frente al juez Arnaldo Corazza, fue iniciada por un hábeas corpus presentado por Nilda Eloy, otra ex detenida-desaparecida.

No hubo señales de que hubieran forzado la entrada de su casa, en la periferia platense. Según consta en el expediente, cinco vecinos lo vieron caminando esa mañana por el barrio Los Hornos. El último, Horacio Ponce, lo ubicó en la calle 66 entre 137 y 138 “entre la verdulería y el Edelap”, empresa que brinda el servicio de energía en La Plata. En ese lugar, precisamente, vivía Susana Gopar, una policía bonaerense en actividad, cuyo teléfono figuraba en la agenda de Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua al día siguiente de la desaparición de López en el juicio en el que él era querellante. Los abogados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk pidieron que se investigara a Gopar.

Corazza ordenó escuchas telefónicas y tareas de inteligencia. El 19 de septiembre de 2007, Gopar declaró como testigo en los juicios por la verdad de La Plata y sostuvo bajo juramento que no conocía a Etchecolatz. Pero de los documentos que figuran en el expediente surge que sí lo conocía. Los querellantes solicitaron que se allanara su vivienda pero el juez Corazza denegó el pedido.

Según consta en el expediente, los primeros tres meses de la causa por “averiguación de paradero” las pesquisas se dirigieron a la familia López y a los organismos de derechos humanos de La Plata. La única medida que figura en el primer cuerpo de la causa dirigida a posibles secuestradores es el pedido de relevar los celulares que se activaron en la zona entre el 17 de septiembre a las 23 y el 18 de septiembre a las 8. A 11 años de la desaparición, continúa sin concluirse el entrecruzamiento entre esos números y otros celulares de sospechosos que figuran en la causa, según consta en el informe de los fiscales a 10 años de la desaparición y según ratificaron fuentes con acceso a la causa.

La causa provincial y la federal se unificaron en diciembre de 2006 en el Juzgado Federal 3 de La Plata por decisión de la Corte Suprema de Justicia. El 18 de diciembre de 2006, Corazza ordenó que se intervinieran los teléfonos de la cárcel de Marcos Paz, donde estaban quienes esperaban ser juzgados por delitos de lesa humanidad, incluido Etchecolatz.

El 23 de marzo de 2007 Corazza ordenó una requisa del pabellón de los acusados y el 28 de junio de 2007, un allanamiento. A raíz de las irregularidades que encontraron (alteraciones en los libros de visita, uso de líneas telefónicas no informadas, entre otros), se abrió una causa contra un grupo de penitenciarios federales por obstaculizar la investigación. En abril de 2015, seis de ellos fueron procesados por eso.