Un juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires declaró anoche inconstitucional la resolución del gobierno porteño del aislamiento agravado por la cual los mayores de 70 años deben pedir autorización para circular en la calle ante la pandemia del coronavirus.

Fuentes judiciales informaron que la decisión la tomó el magistrado Lisandro Fastman ante la presentación de un amparo. El juez resolvió que las personas pueden llamar a la línea 147 para pedir ayuda y asesoramiento, pero no tienen la obligación de solicitar la autorización para salir de sus casas.

“La imposición a todo adulto mayor de 70 años de edad, de la necesidad de comunicarse con el servicio de atención ciudadana al número 147, previamente a hacer uso de la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos, tal como lo prevé el DNU 297/2020, resulta una exigencia más gravosa para ese colectivo de personas, que para el resto de la población, que extralimita los contornos de las medidas de aislamiento del conjunto de los habitantes”, sostuvo el magistrado en su resolución dictada el lunes por la noche.

El juez dijo que los mayores de 70 años fueron señalados como “categorías sospechosas” ya que la autorización que podían recibir regía por 48 horas.

“Por clasificaciones o categorías ´sospechosas´ se entiende aquellos supuestos en los que el legislador establece distinciones a partir de determinados factores, las que pueden responder a prejuicios o estereotipos que tienen el efecto de excluir del legítimo ejercicio de un derecho a categorías enteras de personas”, sostuvo el juez y ejemplificó que otros casos de esa caracterización son la raza, la religión, la discapacidad y el género.

La inconstitucionalidad dictada es sobre dos artículos de la resolución conjunta Msjgm N° 16/2020 del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La medida establecía que los mayores de 70 años, por un grupo vulnerable frente al coronavirus, debía pedir autorización a la línea 147 para salir de sus casas. Allí debían explicar el motivo para circular y un asesor intentaba solucionar su problema sin que deben hacerlo. En caso que no pudieran se les daba la autorización.

En un primer momento el incumplimiento iba a ser penado con una multa de 70 a 80 mil pesos, pero después se volvió atrás con la sanción. La medida entró en vigencia el lunes y durante el fin de semana generó duras críticas por parte de los adultos mayores, pero también de esos sectores porque implicaba una discriminación.

Fastman citó normas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de todas las personas. Explicó que a partir del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus si fijó que algunas personas estaban exceptuadas de cumplirla porque brindan servicios esenciales, como la salud o la seguridad; otras, que incluía a la mayoría, para salir a comprar bienes de primera necesidad y con la nueva decisión del gobierno de la ciudad “existiría un nuevo grupo, con mayores restricciones a sus libertades individuales, y para quienes el aislamiento pasaría a tener una intensidad superior”, lo que es inconstitucional.

“Desde esta perspectiva, la medida –más allá de sus buenas intenciones, por cierto, lo que se descarta importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población”, explicó el magistrado en su resolución de 21 páginas.

La causa la inició un señor de nombre Silvano Lanzieri que llamó por teléfono al 0800 del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires y pidió que se habilite la feria judicial para hacer un planteo. El juez lo habilitó y recibió la demanda, de la que informó al gobierno porteño para que la conteste. El pedido recibió la adhesión de otras siete personas ya que el juez abrió el caso a la ciudadanía.

El gobierno sostuvo en el expediente que la persona que lo inició tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, es periodista -profesión que está exceptuada del aislamiento- y que la resolución sobre los mayores de 70 años es una “simple sugerencia” que busca brindarle contención a ese grupo de personas y no tiene ninguna sanción para quien la incumple.

La decisión puede ser apelada por el gobierno porteño para que sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad.