“Tenemos la ley: era necesaria”, afirmó María Teresa García, ministra de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien defendió la aprobación de las reformas a la Ley Fiscal, pero también advirtió que “el costo que le infringió Cambiemos a la provincia por modificar dos o tres aspectos de la ley es de 10 mil millones”.

De todas formas, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aclaró que no vetarán las modificaciones. “La ley es un instrumento imprescindible para empezar la gestión. En eso estamos conformes con que se ha votado. Pero en cuanto al contenido de la ley, esto va a afectar no solamente a la administración central, sino a la totalidad de los municipios, que derrama la recaudación por coparticipación municipal”, explicó García en Radio Continental.

“Lamentablemente la oposición hizo prevalecer su exigencia con respecto a la eliminación de este gravamen y la provincia ha perdido una gran cantidad de dinero”, agregó.

También habló de la presión tributaria. “Todos entendemos que hay una fuerte presión tributaria en nuestro país hace muchísimos años. El gobernador ha decidido tener un concepto distinto en el aumento de los impuestos: aquellos sectores que tienen más dificultad para producir como los tambos en la zona rural, la decisión fue que sufrieran menos el impacto del aumento de los impuestos”, relativizo´respecto de las segmentaciones aprobadas.

La ley prevé distintas subas de hasta el 75 por ciento en la cima de la pirámide de contribuyentes por Inmobiliario y topes del 50% en la patente Automotor. También retoques en Ingresos Brutos que excluye modificaciones en las alícuotas en la fabricación de medicamentos y honorarios profesionales, entre otras actividades.

García también habló de la situación portuaria, que fue otra de las polémicas de la ley. “La Provincia de Buenos Aires es el frente marítimo más grande del país. Los puertos están en manos de consorcios semiadministrados por los municipios y los consorcios, que son prácticamente privados. Lo poco que tributan forma parte de la dinámica del consorcio: la provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria”, aclaró.

El artículo 100 de la ley apunta a la creación de un impuesto extraordinario a las actividades que se desarrollan en los puertos de la Provincia. La tasa se elevó finalmente la mitad de lo que pretendía el Ejecutivo en el proyecto original. Desde Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Campana, San Pedro, entre otras terminales, habrían perdido operatividad, ingresos y los productores afrontarían mayores costos de fletes, si las cargas derivaban a puertos como el de Rosario o el de Buenos Aires, argumentaban desde ese sector.

Además, criticó duramente a la gestión anterior y la herencia de María Eugenia Vidal en la administración provincial. “No estamos para lamentarnos, pero estamos con una provincia, respetuosamente, devastada. Hemos encontrado situaciones de deudas de proveedores de más de 8 meses. Es una provincia en emergencia, por eso se votó con el apoyo de la totalidad de la oposición, la ley de emergencia”, sentenció.

“Lo que ha hecho el Gobernador es explicar claramente cómo es la segmentación impositiva, a quiénes va a afectar más y a quiénes menos. A nadie le gusta ni imponer un aumento impositivo ni recibirlo. Pero es verdad que la Provincia está en una situación muy complicada”, cerró la ministra.