En el caso por la controvertida sucesión de su padre, Dolores Etchevehere, que ocupara una estancia que reclama para sí con un grupo de colonización agroecológica en La Paz, enfrentándose a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián y su madre Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere, sumó una nueva instancia judicial.

Como se recordará Dolores Etchevehere estuvo ocupando en el campo de Casa Nueva, en Santa Elena, y fue demandada por su familia para que se retirara en una disputada herencia. La propiedad figura a nombre de Las Margaritas SA y tras un escandaloso y mediático proceso, fue sacada por la fuerza pública luego de 14 días de haber estado en el lugar con el Proyecto Artigas, un grupo de producción agroecológica ligado al dirigente social Juan Grabois.

En el fuego de denuncias cruzadas, donde Dolores acusó de diversos delitos a sus familiares, como el vaciamiento de la empresa que administra El Diario de Paraná y por el cual se despidió sin indemnización a 80 trabajadores y se la dejó fuera de la partición. Además les endilgó violencia económica y extorsión, en una causa que investiga el fiscal federal Federico Delgado. Precisamente ahora se conoció que el ministerio público considera que “la violencia de género es un vector principal en el caso y por tal motivo dio intervención a la Unidad Fiscal en Violencia contra las mujeres (Ufem) para que colabore en la investigación”, se informó en un comunicado del Proyecto Artigas.

La denuncia por violencia económica y extorsión fue presentada por los abogados de Dolores Etchevehere en la justicia federal el pasado 15 de octubre, y la causa se encuentra en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la investigación al fiscal federal Federico Delgado.

En la declaración testimonial ante Delgado que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, Dolores Etchevehere “relató todos los hechos de violencia, amenaza y extorsión que recibió por parte de sus hermanos, los cuales se agravaron en el período en el que Luis Miguel Etchevehere se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural Argentina y posteriormente ministro de Agroindustria de la Nación. Etchevehere utilizaba su posición de poder y tráfico de influencias para, entre otras cosas, obligar su hermana a firmar documentos perjudiciales para ella y sus hijos”, se aportó.