La Justicia condenó a cuatro policías de Victoria por privar ilegítimamente de la libertad a un joven en marzo de 2018. Los condenados son Daniel Alberto Gutiérrez, Marcelo Ariel Garcilazo, Rafael Emmanuel Gaitán y Eduardo David Castro.

La condena se realizó el 11 de septiembre y firmada por el juez de Transición y Garantías de Victoria, José Callejas, quien consideró que los agentes incurrieron en "un comportamiento delictivo cometido en una situación de abuso funcional en el ejercicio del cargo".

Los policías fueron condenados en el marco de un juicio abreviado, en el que admitieron su culpabilidad y accedieron a una penal leve: dos años de prisión de cumplimiento condicional, más la inhabilitación especial parcial por el término de cuatros años, pudiendo desempeñar tareas administrativas y cualquier otra que no requieran la portación de armas, ni custodia o funciones respecto de personas detenidas.

Entre las reglas de conductas, se les impuso que por el mismo plazo de la condena tienen la obligación de fijar residencia en los domicilios informados judicialmente y dar aviso en caso de modificación; y abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores contra los denunciantes, sus grupos familiares y testigos de la causa.

El acuerdo fue presentado por el fiscal Ivan Ezequiel Yedro y la defensora de los policías, María Gabriela Silva.

Según la resolución, los policías admitieron que privaron de su libertad al joven Ignacio Valentín Pereyra por una supuesta contravención a los artículos 41 y 43 de la Ley Provincial 3815 (Ley de Contravenciones).

También admitieron que uno de ellos golpeó al muchacho con la boca del cañón de la escopeta, causándole lesiones en la zona del tórax y el esternón. En el informe médico se dejó asentado que le dejaron marcada la "morfología" del arma en el pecho.

El primer artículo que falazmente le endilgaron al joven establece que incurrirán en pena de 4 a 20 pesos de multa o arresto de 2 a 8 días quienes sean recogidos más de una vez en estado de ebriedad en la vía pública; y el 43, contempla el delito de desorden público penado con multas de 4 a 40 pesos o arrestos de uno a ocho días.

A grandes rasgos, el artículo mencionado dice que incurren en este delito quienes participan de riñas callejeras sin uso de armas o perturban la tranquilidad del vecindario por la noche y causan alarma en la sociedad.

El hecho
La imputación que aceptaron los policías al ser condenados dice que el 17 de marzo de 2018, entre las 0,55 y las 1,15, "habrían abusado de sus funciones al privar ilegítimamente de la libertad a Ignacio Valentín Pereyra" por violar la Ley de Contravenciones.

Se señala que "tales agentes de policía concurrieron al barrio de Ignacio Pereyra, y al divisar su presencia lo persiguieron, logrando éste escapar e ingresar a su domicilio (sito en calle Yatay entre Laprida y Bartoloni de Victoria), donde les dijo a su madre y a su hermana que la policía quiso detenerlo sin motivo valedero".

"Con posterioridad, Ignacio Valentín Pereyra sale de su vivienda y es aprehendido en forma injustificada por los mencionados funcionarios policiales", agrega la acusación.

Más adelante, se detalla que uno de los agentes de policía le aplicó golpes innecesarios con la boca del cañón de una escopeta marca Taurus, modelo ST-12 en la parte del pecho, con la anuencia de los otros tres que no impidieron la agresión en posición de garante.

El informe médico detalló las siguientes lesiones en el joven: una lesión contusa con calcado morfológico, con forma de media circunferencia; una lesión contusa, con calcado morfológico, con forma circular, con un diámetro de dos cm y con arrastre del elemento agresor hacia la derecha; una lesión contusa excoriativa, por arrastre del elemento agresor, que se extendió desde la lesión anterior hasta la tetilla derecha.

En la imputación también se menciona que, al ser detenido, Pereyra les preguntó las razones a los uniformados. La respuesta fue una burla, ya que uno de ellos le respondió que lo detuvieron "por pelotudo".