El Gobierno nacional oficializó este martes el uso de las pistolas Taser para las fuerzas de seguridad federales. Lo hizo a través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que salió publicada en el Boletín Oficial en donde asegura que “sólo se podrán usar armas electrónicas cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Sin embargo, no hay un protocolo específico y no determina cuándo, cómo y dónde pueden ser utilizadas este tipo de armas mal llamadas “no letales”.

La polémica con las Taser surgió a comienzos del 2019 cuando la ministra de Seguridad anunció la compra de 300 pistolas eléctricas para utilizar en lugares cerrados con gran cantidad de gente como trenes o aeropuertos. Desde distintos organismos de Derechos Humanos cuestionaron la medida y pidieron explicaciones sobre su utilización, no sin mencionar que estas pistolas eléctricas son, a lo sumo, menos letales que un arma de fuego pero no pueden llamarse “no letales” (como las promociona el Gobierno), ya que su fatalidad está comprobada por la gran cantidad de casos que se registran en todo el mundo.

Sin embargo, la implementación de la política de seguridad sin debate previo, ni consulta popular genera gran preocupación entre los especialistas. Federico Efron es el Coordinar de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y considera la resolución “deficiente y sin determinaciones claras acerca de en qué circunstancias se puede utilizar o contra quiénes está prohibido”.

“Hay personas que no pueden recibir este tipo de descarga porque pone en riesgo su vida, ellos son: embarazadas, menores de edad y personas intoxicadas. En la resolución y el anexo no dice nada al respecto”, aseguró a minutouno.com y agregó: “nos preocupa el contexto en el cual se reglamenta este tipo de armas porque vemos que se está intentando debilitar el control de la actuación policial y eso nos permite decir que en estas condiciones es una muy mala idea pensar que la Taser puede ser una herramienta de reducción de letalidad”, explicó Efron.

“Estamos hablando de descargas de hasta 50 mil voltios que no indican cuánto tiempo puede durar, cómo va a ser la capacitación de los efectivos ni si puede haber un límite de repeticiones. En estas condiciones utilizar las Taser puede aumentar más que reducir las muertes o los casos de torturas”, agregó.

El desmantelamiento del sistema de control de armas

Por su parte, Darío Kosovsky, abogado, investigador y uno de los diseñadores de la Ley Nacional de Desarme y del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas asegura que el sistema de control de armas está completamente desmantelado. “Si las políticas que fueron modelo en respecto al control policial y el desarme ya no existen con las armas ´letales´, qué le queda con las que son menos letales como las Taser. Tiene que haber un control de la violencia institucional que hoy no existe y en este contexto se hace muy complicada su implementación”, explicó Kosovsky.

“Acá tenemos una política pública tan compleja que es publicada como resolución sin debate previo. Es una decisión que amerita un debate más amplio y no una mera resolución ministerial. No lo discutieron sino que lo impusieron”, sentenció.

“Es una medida autoritaria y en un país como la Argentina con el genocidio y la dictadura militar en su historia, están avalado la utilización de la picana eléctrica”, agregó el abogado.