El Gobierno argentina se hizo presente en el Comité Internacional de los Derechos del Niño, en Ginebra, y afirmó que no se recortaron los fondos en el sistema de salud. Sin embargo, “la delegación miente y también lo hace cuando afirman que no tienen reclamos formales al respecto”, advirtió a AIM el referente de Observatorio de los Derechos de la Infancia “Eduardo Bustelo”, José Eduardo Machaín.

“El Gobierno argentino miente mucho en Ginebra al Comité Internacional de los Derechos del niño”, remarcó a esta Agencia, en referencia al sistema de salud e inmunización infantil en el país.

En ese sentido, añadió: “La delegación Argentina le miente al miembro del Comité, Cephas Lumina, cuando afirma que no se recortaron fondos en el sistema de salud dirigido a los niños, y también miente cuando afirman que no tienen reclamos formales al respecto”.

“Los responsables de inmunización de 23 jurisdicciones del país denunciaron en abril 2018 sobre faltante de vacunas”, remarcó.

Según lo informado por la Fundación Soberanía Sanitaria, de 2016 en adelante, se desarrollaron una serie de medidas enmarcadas en una política de desfinanciamiento, de la salud pública en general y de la política de inmunizaciones en particular.

En abril de este año, los jefes de Inmunizaciones de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunciaron la situación crítica que se arrastra desde el año 2017 por faltante de vacunas, lo que impidió cumplir adecuadamente con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente para niños de tres y cinco meses y de los adolescentes de 11 años.

Entre 2003 y 2015, se incorporaron diez vacunas al Calendario Nacional de Vacunación pasando de 10 a 16 vacunas, lo que implica la ampliación cobertura por parte del Estado Nacional que redundó en mejores indicadores sanitarios. Sin embargo, a partir de 2016 se llevaron adelante distintas medidas que afectaron fuertemente a la políticas públicas de inmunizaciones.

A comienzos de 2017 se denunció una carencia en el stock de vacunas antimeningocócica en el sector privado, en especial en el esquema de 3 dosis.

El 28 de junio pasado, la secretaría de Operaciones y Estrategias de Atención Primaria de la Salud del ministerio de Salud de la Nación, sacó un comunicado en el que informa que para el 2017 se adquirieron un total de 12 millones de dosis de vacunas antigripales de las cuales, al día 23 de junio, “Se distribuyeron más de 6.600.000 dosis a todo el país. Se notificaron 3.295.789 dosis aplicadas, lo que representa una utilización del insumo del 50 por ciento de las dosis distribuidas a nivel nacional” pero un 27,46 por ciento de las dosis compradas para la campaña de este año. El 2017 terminó con 2.000.000 de dosis de vacunas antigripales compradas y sin distribuir.

A fines de junio de 2016, el nuevo presidente del Consejo de Administración del hospital Garrahan, designado por el gobierno nacional, desmanteló el sector anexo al vacunatorio que se utilizaba para aliviar la demanda de la vacuna antigripal.

La Fundación señala que en muchas de las provincias los faltantes se extienden a vacunas como la triple viral (para sarampión, paperas y rubéola), la triple bacteriana (para la difteria, el tétanos y la tos convulsa), la de hepatitis B, la vacuna contra el VPH, contra el rotavirus, contra la rabia y la Sabín bivalente (para la poliomielitis).

Según lo denunciado en la nota, esta situación continúa en la actualidad.

La preocupación de los jefes de Inmunizaciones cristalizada en la carta ya había sido manifestada a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde se informó que la coberturas de vacunación para la primera y segunda dosis de vacuna triple viral, se observa que están por debajo del 95 por ciento en los años 2015 y 2016.

La vacunación es una de las principales políticas sanitarias para prevenir enfermedades y muertes. Argentina es ejemplo en la región por el amplio Calendario Nacional de Vacunación con que cuenta. Ha pasado de contener seis vacunas en 2003 a 16 vacunas en 2015, lo que da cuenta del interés y la responsabilidad asumidas por el Estado Nacional para mejorar la salud de la población.

“En los últimos dos años, la política de inmunizaciones parece haber dejado de ser una prioridad para el Estado. Esta situación ha sido denunciada esta semana por los jefes de Inmunizaciones de 23 de las 24 jurisdicciones del país quienes manifestaron la existencia de faltantes en vacunas fundamentales que deben ser garantizadas por el Estado. No se trata de un caso aislado sino de diversas medidas en el marco de un proceso de desfinanciamiento de la salud pública en general y de la política de vacunas en particular”, afirmó Machain.