La llegada de Javier Milei al poder supone un nuevo entramado de políticas públicas que tendrán un efecto inmediato en el tejido social, con un programa que estará signado por el recorte del gasto estatal, sumado a un plan de privatización de empresas, apertura de importaciones y desregulaciones. Dentro de este paquete de medidas el nuevo Gobierno tiene proyectado realizar una serie de reformas, entre ellas un proyecto para reemplazar las indemnizaciones laborales en el ámbito privado.

Si bien la iniciativa es aún parte de un borrador que tiene en estudio el equipo de asesores de La Libertad Avanza (LLA), la intención en el corto plazo es avanzar con el proyecto que se basa en el modelo que instrumenta actualmente la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El propio Milei había presentado esta propuesta en el último debate con Sergio Massa, en la antesala del balotaje que luego lo consagraría como presidente:

“Hablamos de un programa de modernización del mercado laboral, yendo a un sistema de Seguro de Desempleo como el de la Uocra, para ser competitivos en el plano laboral”, planteó en aquel momento el referente libertario.

El anuncio generó distintas repercusiones entre representantes de los trabajadores y en especialistas del Derecho laboral, quienes en base a argumentos jurídicos advierten que la medida vulneraría una de las principales conquistas del sector.

El proyecto de LLA, según surge de la plataforma presentada ante la Justicia Electoral, se sustenta principalmente en la necesidad de reducir el índice de litigiosidad en materia de demandas laborales. De hecho desde los equipos técnicos de Milei se considera que la iniciativa podría desactivar “la industria de los juicios laborales”.

El Fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12 por ciento del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el ocho por ciento a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la Uocra, que es el modelo que mencionó Milei, se le retiene a cada trabajador entre el 12 por ciento y el ocho del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado. Milei pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas, pero no dejó en claro quién haría el aporte, si el empleador o el empleado.

La idea es bastante similar a la que pretendió impulsar Mauricio Macri. En el proyecto de ley que no pudo avanzar en el Congreso, se establecía que el trabajador tendría el derecho a percibir los fondos una vez que el empleador le haya comunicado la decisión de extinguir la relación.