El nuevo documento, que especifica que va a llevar la firma de los gobernadores, establece modificaciones impositivas con las que compensar el ajuste de $ 100.000 millones que cada una de las provincias deberá encarar en sus propias cuentas y los otros $ 300.000 millones que cortará la nación en el Presupuesto y con el que busca alcanzar del déficit primario cero.

En lo que se refiere a Ganancias, el nuevo pacto establece derogar desde el 1 de enero de 2019, toda disposición mediante la que se establezca directa o indirectamente "la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto del importe percibido por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales en concepto de gastos, viáticos, bonificación, protocolo, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación".

Asimismo, pasarán a pagar este impuesto los resultados provenientes de actividades de "ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros" de las cooperativas y mutuales. Mirá también Estudian publicar precios de referencia para combustibles.

“Se suspende" para el 2019 y 2020 la cláusula del consenso original que no permitía ni crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales. Y en esa línea también se deja sin efecto la baja de Sellos de 0,75 a 0,5 por ciento programada para 2019.

En el texto que ya circula, el Ejecutivo nuevamente apela al contexto externo para explicar el por qué de esta modificación del Pacto Fiscal es porque "se presentaron nuevas circunstancias en el contexto internacional, con una mayor volatilidad en los mercados financieros, que hicieron necesario adoptar medidas para acelerar la consolidación fiscal".

El "pedido cordobés" quedó plasmado en el texto cuando se señala que a partir del 1 de enero de 2019 la participación de la provincia de Buenos Aires y de la Caba en el financiamiento de la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales prestado por Aysa.

Lo mismo sucederá con Edenor y Edesur que pasarán a jurisdicción de Caba y Buenos Aires. Pero también establece que las provincias y Ciudad definirán la tarifa eléctrica diferencial subsidiada de los usuarios residenciales, así como también el subsidio al transporte público de pasajeros.

"No querían ampliar la base para recaudar, pero logramos modificaciones en Ganancias, Bienes Personales, Sellos y que la Ciudad y Buenos Aires se tengan que hacer cargo de la tarifa social de agua y desagües cloacales, Edenor y Edesur", explicó otro ministro. Un detalle no menor es que las provincias que no tienen sus cajas jubilatorias transferidas lograron un aumento de los aportes automáticos.

Fuente: El Cronista