Alrededor de 1.6000 habitantes del municipio Atrato exigen una reparación por los estragos que generó la minería ilegal de oro en su municipio.
Desde hace años, sin tregua, la justicia, la comunidad científica y poblaciones chocoanas le han solicitado urgentemente al Estado colombiano que le ponga freno a la grave crisis ambiental que sufre el río Atrato por la desbordada minería ilegal de oro que se desarrolla en este vital afluente que atraviesa al Chocó.
Es tal la situación, que ni siquiera una sentencia hito proferida por la Corte Constitucional, ha podido parar una explotación ilegal que grupos criminales han propiciado contra este río.
Como estrategia, 1.600 habitantes del municipio se enfrentan en los estrados judiciales ante varios organismos estatales. En su demanda, piden que el Estado los repare económicamente por las graves afectaciones por lo que ellos describen el “envenenamiento del río”.
La denuncia interpuesta por la comunidad establece que desde el año 2006, en el municipio empezó la explotación minera ilegal en la cuenta del Río Atrato, así como en otras cuencas secundarias.
Esas acciones contaminates, dicen los demandantes que ha ocasionado graves erosiones que pueden generar deslizamientos y contaminación de las aguas, de los peces por el mercurio. Como ejemplo, en el año 2008 el Plan de Desarollo del rio Atrato, alertó que esta minería ilegal ocasionaba la pérdida de sus selvas.
En caso de ganar el pleito, serían cerca de 220.000 millones de pesos los que tendría que pagarle el Estado a los atrateños que están involucrados en la acción judicial.
Este río ha sido contaminado durante los últimos años por organizaciones al margen de la ley que utilizan este mercurio como una forma de separar el oro de los sedimentos. En su afán de recaudación, terminó afectando la salud de decenas de comunidades que subsisten en torno al río Atrato, el cual funge tanto de ruta comercial y de transporte, como de proveedor de agua y alimentos.
Esta situación también ha contaminado el río Amazonas y otros en el Bajo Cauca, ha posicionado a Colombia como el tercer país que más libera mercurio en el mundo. Según el escalafón de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al país solo lo superan China e Indonesia y, desde 2016, Colombia se mantiene en este listado, a pesar de que este compuesto químico fue prohibido en 2018 en todo el país.
Acción judicial colectiva
Además, advierten los demandantes, la situación se hace más grave, pues el servicio de acueducto, que le permite a la comunidad obtener el agua para el consumo humano y la preparación de alimentos y aseo personal, es obtenida del río Atrato.
Los pobladores evidenciaron que los niveles de mercurio en su sangre eran los superiores. Además, en 2022 una prestigiosa editorial neerlandesa de asuntos científicos, reveló que las especies de peces en el río Atrato tenían alarmantes niveles de mercurio.
De esta manera, esta acción judicial colectiva es analizada por el Tribunal Superior de Antioquia y se espera que durante este año determine, en primera instancia, si el Estado se hizo el de la vista gorda ante la tragedia ambiental.
Fuente: Ragio RCN