Miles de manifestantes se unieron a un paro nacional en la capital de Puerto Rico el 1 de mayo que terminó en caos después de que la policía lanzara gas lacrimógeno y gas pimienta para poner fin a un tenso enfrentamiento con algunas de las personas que protestaban.

Los manifestantes se reunieron para demostrar su rechazo al cierre de escuelas, aumentos a las colegiaturas universitarias, así como a posibles recortes a las pensiones y otros beneficios. Al tiempo que la isla se reconstruye después del paso del huracán María, que devastó la economía y causó éxodos de puertorriqueños, quienes protestaban dijeron que temen que las medidas de austeridad diezmen lo que resta de la clase media y que obliguen a más habitantes a abandonar la isla.

“Es demasiado”, dijo Carlos Cofiño, un estudiante de Ciencias Políticas de 20 años, mientras se preparaba para marchar. “Necesitamos expresar nuestra indignación y hacerle saber al gobierno que hay gente que está sufriendo”.

Los manifestantes se reunieron en diversos puntos de San Juan y marcharon hacia la avenida Ponce de León, conocida como la Milla de Oro, en el corazón del distrito financiero. Rodeados por los edificios corporativos de los bancos y rascacielos cubiertos de vidrio, se concentraron en una tarima a la mitad de la calle y gritaron la consigna “¡No nos detendrán!” mientras se escuchaba salsa a todo volumen. Una pelea alrededor de la tarima obligó a policías cercanos con equipo antimotines a replegarse, antes de que una llovizna calmara brevemente los ánimos.

Alrededor de una hora después, cuando los principales contingentes comenzaron a dispersarse y la policía parecía lista para retirarse del lugar, los agentes se enfrentaron a una docena de manifestantes, muchos de ellos eran jóvenes que sostenían escudos de madera, vestidos de negro y con el rostro cubierto con pañuelos, que acabaron saliendo del área entre el caos y el gas lacrimógeno. El Departamento de Seguridad Pública afirmó que trece personas fueron arrestadas y quince policías resultaron heridos por proyectiles o fueron afectados por el gas.

“Este tipo de violencia daña la buena imagen de Puerto Rico”, dijo el gobernador, Ricardo Rosselló, en una conferencia de prensa la tarde del 1 de mayo.

Rosselló dijo que el grupo más pequeño de manifestantes había manchado la protesta al arrojar “proyectiles” a los policías. Las fuerzas de seguridad se habían replegado para intentar aminorar la tensión, dijo el gobernador, pero el “vandalismo” continuó.

Una protesta similar efectuada el año pasado también en el Día Internacional del Trabajo terminó violentamente y resultó en daños a la propiedad; este año, los encargados de las tiendas se prepararon al cubrir las ventanas con madera y protecciones para huracanes, y al cerrar sus negocios.

Cofiño condujo su auto durante dos horas desde Mayagüez, al oeste del país, hasta la capital para protestar por un incremento en la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, en la que el costo por cada crédito escolar pasará de 56 dólares a 115.

El aumento a las colegiaturas fue ratificado el 30 de abril por un consejo de control federal, la Junta de Supervisión Fiscal, que supervisa las finanzas del gobierno en bancarrota de Puerto Rico, el cual tiene una deuda de 72.000 millones de dólares debido a una recesión económica que ha durado once años. La ira de la mayoría de los inconformes del martes está dirigida a la impopular Junta de Supervisión Fiscal, la cual es vista como poco democrática. Los líderes electos de Puerto Rico están sujetos a que la junta y un juez federal manejen la bancarrota de la isla en tribunales.

“Es una entidad que no fue elegida por el pueblo de Puerto Rico”, dijo Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la Federación de Maestros que organizó a sus miembros para asistir a la protesta. Participar representaba perder el salario de un día, ya que el gobierno no declaró el 1 de mayo como día festivo.

No obstante, los maestros aseguran que no tuvieron más remedio que protestar, dado el plan del Departamento de Educación de Puerto Rico de cerrar 280 de alrededor de 1100 escuelas públicas en la isla este verano, con el argumento de que hay una cantidad baja de alumnos. Esto ocurre después de que el gobierno de Rosselló cerrara 179 escuelas el año pasado.

“Nos enteramos a través de la prensa”, dijo Lourdes Torres Santos, de 31 años, quien imparte clases en República del Perú, una secundaria que cerrará. “Muchos de los maestros lloraron”.

Torres prevé que perderá su trabajo en las próximas semanas.

Por Patricia Mazzei para The New York Times.-