La Fiscalía y la defensa del rey emérito de España protagonizaron ayer un choque de trenes a raíz de unas afirmaciones del ministerio público, que en un documento apuntaba indiciariamente a que Juan Carlos de Borbón podría haber actuado como comisionista. El ministerio público sigue alargando la investigación después de tres años mientras decide si presenta una querella en su contra por ocultar fondos en el extranjero sin declararlo a Hacienda.

A día de hoy, la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas tres diligencias de investigación, eso es, unas pesquisas antes de decidir si existen indicios suficientes para presentar una querella y judicializar los asuntos respecto del anterior jefe del Estado.

Lo que está haciendo el ministerio público es remitir una serie de comisiones rogatorias a distintos países, entre ellos Suiza, para obtener datos sobre fundaciones que están vinculadas a personas próximas a Juan Carlos I, entre ellas la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans.

La primera sospecha es que el emérito pudo ejercer de comisionista para la adjudicación del AVE a La Meca a favor de una serie de empresas españolas. Estas sospechas provienen de unas afirmaciones de su examante, Corinna Larsen. La Fiscalía quiso averiguar la verosimilitud de estas acusaciones. La investigación se inició en el 2018, primero por la Fiscalía Anticorrupción y después pasó a manos de la Fiscalía del Supremo.

Los fiscales encargados del caso han remitido una serie de comisiones rogatorias. La respuesta de estas ha provocado la remisión de más comisiones a la espera de ver si llega el dato que confirme que Juan Caros I pudo ejercer de comisionista y por tanto cometió un delito de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La clave es averiguar si ejerció como tal y si después introdujo el dinero al mercado legal a través de movimientos bancarios por varios países. Fuentes jurídicas explican que en caso de que solo se pueda certificar que esos fondos fueron regalos, sería difícil actuar contra él porque la posible comisión de un delito fiscal estaría prescrito.

Lo último que falta por conocer es la posición de Hacienda sobre la regularización de fondos por valor de 4,4 millones de euros que realizó el rey emérito a finales del pasado año. El fisco está analizando de dónde obtuvo el dinero presentado a Hacienda y si ya ha regularizado todos los fondos que no había declarado en los ejercicios entre el 2016 y el 2019.

Entre otros datos, está analizando los pagos que la Casa del Rey ha hecho a Juan Carlos desde su abdicación en el 2014. En caso de descubrir que ha dejado dinero sin declarar, la regularización quedaría invalidada y se podría actuar penalmente contra él. Fuentes de la Fiscalía aseguran que con la información disponible hasta ahora no hay indicios suficientes para presentar una querella contra Juan Carlos I en el Tribunal Supremo, aunque desde la Fiscalía General se ha optado por alargar las diligencias hasta que se logre algún dato más concreto.

Tras conocerse ayer una información del diario El Mundo que recogía afirmaciones de la Fiscalía en una de las peticiones de comisiones rogatorias a Suiza emitida en febrero, el departamento de Dolores Delgado quiso aclarar que “la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente”.

Es decir, que debe explicar a Suiza las sospechas que existen –que no significa que sean indicios suficientes para armar una querella– para que pueda cumplimentar la comisión y entregar los datos reclamados. Aclaró que en la comisión simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación.

Tras conocer la nota de la Fiscalía, el letrado que defiende al emérito, Javier Sánchez Junco, advirtió que en la comisión rogatoria reclamada a Suiza “se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice”.

A su juicio, tales afirmaciones “conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía”.