El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó hoy la aprobación de una línea de crédito para la Argentina por un monto total de 1.140 millones de dólares con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable, que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.

Como parte de la línea de crédito se aprobó una primera operación de 200 millones de dólares del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), precisó la entidad multilateral en un comunicado.

Esta línea permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional III, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país.

Estas obras son de particular relevancia para integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad, señalaron a Télam desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

En su mayoría se trata de la construcción de líneas de 132kv y estaciones transformadoras, con un fuerte eje en el federalismo, para lo que está prevista una obra por provincia, que fueron definidas en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, donde están representados los gobiernos provinciales.

Las obras promoverán el trabajo argentino tanto directo como para la fabricación de insumos nacionales.

Si bien durante la gestión anterior hubo un impulso a la generación renovable, al no realizar inversiones en transporte, las redes se saturaron al punto de no resultar posible incorporar nueva potencia de ese tipo, que en su mayoría está ubicada en regiones alejadas de los grandes centros de consumo.

El préstamo del BID de 200 millones de dólares tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en Sofr (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos).

Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica.

Dentro de las inversiones a realizar se encuentran obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país.

Al respecto, el BID señaló que «se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el trasporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel».

Esas inversiones, añadió, «permitirán la mejora de la calidad y la confiablidad del servicio para la atención de nueva demanda derivada del crecimiento tendencial y de una mayor electrificación del consumo energético, habilitando un mayor desarrollo productivo en las provincias».

Como parte del diseño de cada una de las intervenciones se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático. Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.

La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector, que en la actualidad es menor al 20 por ciento, y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.

La aprobación del préstamo fue dada a conocer luego de que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sostuviera -en una columna de opinión- que no podía «aprobar automáticamente y sin estudio previos» el otorgamiento de fondos a la Argentina.

Fuente: Comercio y Justicia