La Cámara Baja sancionó la Ley de Presupuesto 2021. Además, el oficialismo se impuso y logró aprobar el proyecto de Ley que establece un aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Según el Frente de Todos, la iniciativa alcanzaría a menos de 11 mil personas. Legisladores de la oposición advirtieron que el gravamen será inconstitucional, confiscatorio y no es coparticipable.

Este martes, se aprobó con fuerza de Ley el Presupuesto 2021, primer plan de gastos y recursos presentado por la gestión de Alberto Fernández.

La aprobación se había demorado por un error inesperado en la falta de planillas con el detalle de numerosas obras a ser financiadas por el Estado Nacional en las provincias.

En un breve debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, explicó lo sucedido: se trató de “un error material” en la “omisión de una cantidad de planillas complementarias, todas ellas con detalle de obras que fueron incorporadas”.

En ese sentido, aclaró que la inclusión de los anexos “no alteran el contenido de lo que hemos tratado” y recordó que tanto el miembro informante del oficialismo en la Cámara Alta, el senador Carlos Caserio, como el jefe del bloque FdT, José Mayans, aclararon que “el Senado no modificaba absolutamente nada”.

Impuesto a la riqueza
Luego de un extenso debate, el oficialismo logró 133 votos por el que se dio media sanción al impuesto a las fortunas, que pasó en revisión al Senado. El aporte, por única vez, sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, permitirá recaudar 300 mil millones de pesos, según las estimaciones oficiales. La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a vecinos de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando.

En el debate en el hemiciclo, el oficialismo defendió la iniciativa argumentando que los recursos serán para paliar los efectos generados por el Covid-19. Desde la oposición advirtieron que el proyecto es inconstitucional porque es confiscatorio, no es coparticipable y podría devenir en un gravamen perenne.

Después de alrededor 60 oradores, los cierres estuvieron a cargo de Mario Negri (UCR-Córdoba) y Máximo Kirchner (Frente de todos-Buenos Aires).

El aporte solidario “debe servir para el fin específico que está determinado, pero, fundamentalmente, debe ser un puente a la reforma tributaria”, destacó Kirchner, quien aclaró que el gobierno no tiene ningún problema con el sector privado: “Necesitamos al sector privado para trabajar juntos. No hay un antagonismo, sino que debe haber una comunión, donde el Estado regule”.

Para Kirchner los recursos son necesarios para afrontar las consecuencias del Covid-19, ya que recordó que el gobierno de Mauricio Macri dejó en un complejo escenario a la economía argentina que se profundizó por la pandemia.

En tanto, Negri subrayó: “Somos quienes más intoxicamos en impuestos en la región y si no generamos riqueza no habrá inversión. Además, no hay homogeneidad en el desarrollo de un proyecto en el medio de la crisis”.

El legislador cordobés aseveró que se fueron del recinto incertidumbre: “Incertidumbre por la pandemia, económica y tributaria, que se aumenta esta noche. Además, hay incertidumbre institucional y, si nos descuidamos, habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que tener un programa”.

¿Qué dijeron los legisladores entrerrianos?
El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto defendió la iniciativa de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, y aclaró que “no descapitaliza a las empresas y no afecta las inversiones”. En ese marco, destacó el rol del Estado en la pandemia y la inversión de “casi siete puntos del PBI en sostenimiento de las empresas, de los empleos, de las provincias y de los municipios”.

El oficialista subrayó que “el Estado necesita financiamiento” y recordó que la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.

En ese sentido, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social indicó que alcanza a personas con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos, y que hay “una expectativa de recaudación de más de 300 mil millones de pesos”, con una “aplicación de sentido federal”.

Por su parte, el diputado Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina vino para quedarse”. En ese marco, ejemplificó que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos solo por un año, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque.

Además, señaló que “es un muy mal impuesto porque no va a alcanzar solo a las grandes fortunas, sino también al capital de trabajo de muchísimos propietarios de pymes que dan trabajo a lo largo y ancho del país”.

“Este diseño no distingue entre lo que es una inversión financiera de lo que son inversiones en empresas que generan trabajo y actividad económica”, aseguró el radical, quien agregó: “Es un impuesto confiscatorio, porque en muchos casos de muchas empresas que hoy sufren dificultades, van a tener que vender parte de sus activos para hacer frente a esto”.