El abogado oriundo de Victoria Carlos Guillermo Reggiardo presentó ayer una denuncia por mal desempeño contra el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García. El letrado menciona,  entre los cargos aludidos para pedir la destitución del funcionario, la supuesta “falta de idoneidad” del procurador y menciona el “incumplimiento del deber de acusar” en el caso del jury al juez Carlos Rossi. También se refiere a su vínculo con los medios de comunicación y al presunto bloqueo al acceso a información pública.

En el escrito enviado a AIM, Reggiardo alude a los mecanismos previstos en los artículos 218 y concordantes de la Constitución provincial y en la Ley 9.283, que regula los procesos de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales.

Tras repasar los antecedentes de García en el Poder Judicial y de mencionar que ejerce como procurador desde 2006, Reggiardo pasó a enumerar una decena de supuestas causales.

En primer término, el letrado acusa a García de “falta de idoneidad” en razón de su ingreso al Poder Judicial en 1979 con el cargo de secretario. “Fue en los años calientes de las violaciones a los derechos humanos y obviamente jurando y coincidiendo con el proceso militar”, marcó Reggiardo para luego argumentar que “ello de por sí es suficiente para determinar la destitución”.

Más adelante, el abogado alude al “incumplimiento en el deber de acusar” y cita el proceso de jurado de enjuiciamiento tras el cual resultó absuelto el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, acusado por disponer la libertad condicional de Sebastián Wagner, luego condenado por el crimen de la estudiante uruguayense Micaela García.

En otros puntos, Reggiardo señala al procurador por “denegatoria al derecho constitucional a la información pública” en relación a designaciones efectuadas desde el organismo que conduce García. Conectado con este último punto, el letrado expone el supuesto “pago de honorarios con dineros públicos” en calidad de quinto cargo, a raíz de una erogación de 18.900 pesos por parte de la Tesorería General del Poder Judicial para “impedir que prosperara un embargo” contra el procurador.

Más adelante, refiere como otra causal la designación de fiscales auxiliares sin concurso previo y luego expone un séptimo cargo de “tráfico y abuso de influencias”, punto en el cual alude al nombramiento de un profesional que sería familiar de García.

El octavo cargo es la “omisión e incumplimiento de la orden judicial de investigar” en relación a los funcionarios policiales que resultaron condenados por el delito de sedición por hechos ocurridos en Concordia a fines de 2013.

Luego, Reggiardo hace alusión a la “vinculación con los medios de comunicación” del jefe de los fiscales y lo acusa de motorizar “operaciones de prensa”. “Ha propiciado y ejecutado a través de los medios de comunicación amigos actos de publicidad de las causas judiciales de mayor trascendencia en la vida religiosa y política de nuestra provincia, filtrando a través de sus operadores judiciales información sensible en aras de ir creando una conciencia errónea, de culpabilidad y condenatoria contra los sujetos sometidos a proceso judicial”, expone Reggiardo, antes de mencionar algunas causas.

También hizo alusión a la supuesta “influencia confesa” de García en la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Davite de Acuña, Hugo Perotti y Marcela Badano.

“La presente denuncia cuenta con profusos cargos y elementos de prueba indiciarios de cada uno de los mismo para que este Jurado de Enjuiciamiento decrete prima facie la apertura de causa, suspenda a Jorge Amílcar García en sus funciones, produzca la prueba y finalmente en su día y hora resuelva su destitución”.