Desde la asamblea Más ríos, menos termas  cuestionaron la decisión del Estado de reconocer como política sanitaria al termalismo, ya que advirtieron a AIM que la actividad  genera contaminación. Además advirtieron que el Ente termal de la provincia no controla y lamentaron la condonación de deuda que tienen las empresas con el Estado.

El proyecto para declarar al recurso termal de uso terapéutico, presentado con anterioridad por la hoy secretaria de Cultura y Turismo, Carolina Gaillard, y la diputada nacional Mayda Cresto es una paradoja, ya que atenta contra el derecho a un ambiente sano y, consecuentemente, a la salud.

En ese sentido, argumentaron que se genera contaminación térmica: “Si hablamos del derecho a la salud de manera amplia e integral tomamos como ejemplo el caso de Federación, que si bien es una terma de baja salinidad su temperatura de 42,5 °C supera la temperatura ambiente del agua que ronda entre 17 y 22 °C”.

Además, precisaron que “según el Informe final del Plan Estratégico de Desarrollo en la Explotación de los Recursos Termales de Entre Ríos, en las termas de Federación la presencia de plomo es mayo a la permitida, ya que  la muestra de plomo 210 resultó ser de 170 mBq/L, cuando el valor guía según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  para el Plomo es de 100 mBq/L.)”.

Al respecto, recordaron que el Plomo210 “es radioactivo y es un precursor de polonio210 en la serie de decaimiento del uranio238 y todos esos elementos producen cáncer si se encuentran por fuera de los parámetros permitidos y el radón es la segunda causa principal del cáncer de pulmón en Estados Unidos y está asociado con 15 mil a 22 mil muertes”.
Asimismo, remarcaron que especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) estudiaron las consecuencias de distintas concentraciones salinas, superiores a las naturales, sobre los reptiles, anfibios y peces: “Los datos confirman los efectos nocivos de la salinización que podría producir la explotación de emprendimientos termales y los anfibios son indicadores de la salud ambiental”.

En ese escenario, desde la organización criticaron que el Ente Regulador Termal “no funciona, no aplica las Leyes y no controla los daños ambientales y a la salud pública”, sino que “es un Ente de promoción”.

Las termas “son una prueba de lo que genera el turismo contaminante: la contaminación del suelo, del agua dulce, la pérdida de biodiversidad, los daños a la salud y la malversación de fondos públicos por parte del Estado. (En muchas termas, los municipios no han podido sostener los gastos del los complejos realizando concesiones a privados). Un tipo de actividad turística que además de ser contaminante genera deudas” que fueron condonadas por el Estado  provincial con la sanción de un proyecto de Ley que le quietará al Estado entrerriano 30 millones de pesos”.