Nuevamente Argentina tiene en su agenda la baja de la edad de imputabilidad. Esta vez, a partir de un anteproyecto anunciado por el gobierno nacional se vuelve a motorizar la idea de que para abordar el problema de la inseguridad es necesario incluir a los chicos desde los 13 años en el sistema penal, al tiempo que aumentar los años de encierro de los adolescentes que cometieron delitos. “Esta idea constituye una estafa política”, expresaron a AIM desde la Red #ArgentinaNoBaja.

El conjunto de especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos que conforman la Red #ArgentinaNoBaja manifestaron a AIM que:

- Bajar la edad de punibilidad y aumentar las penas de los y las adolescentes no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad, puesto que su incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima.

- Incluso es contraproducente y empeora la situación en vez de resolverla, ya que por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), el endurecimiento penal termina reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

- A su vez, bajar la edad de punibilidad constituye una medida inconstitucional, porque es regresiva en términos de derechos humanos, y culpabiliza a los y las adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social y educativo, antes que penal.

- Este anteproyecto del gobierno empeora aún más la situación al permitir que los nenes de 12 años y menos que declara no punibles, sean "internados" (privados de libertad) sin límite de tiempo, por los jueces penales. Esto significa un retroceso a las concepciones de hace 100 años del Patronato, cuando los niños eran considerados objetos sin derechos.

“Cualquier reforma del sistema penal juvenil tiene que incorporar los estándares de derechos humanos a los que el Estado Argentino está comprometido. El consenso al respecto es rotundo entre especialistas y organizaciones del país e internacionales”, expresaron a AIM desde la Red.

Todo esto quedó expresado tanto en las Recomendaciones al Estado Argentino desde la ONU (como la realizada por el Comité de los Derechos del Niño en 2018); como a nivel nacional, por ejemplo en la Declaración Conjunta Interinstitucional entre la Defensoría de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, el Ministerio Público de la Defensa, la Procuración Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo, el Comité para la prevención de la Tortura y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en 2022.

Además, este consenso también fue manifestado de manera masiva por especialistas que pasaron por las cuatro Audiencias Públicas en el Congreso de la Nación, llevadas a cabo en 2019.

“Para abordar seriamente el tema, hay que reforzar el trabajo con los chicos desde las áreas sociales y educativas del Estado, y no penales”, aseveraron.

Por ello, frente a la reiterada propuesta de "bajar la edad de imputabilidad" como supuesto modo de responder a situaciones de “inseguridad”, expresaron que: “La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 13, 14 y 15 años”.

Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2022 solo 1 caso de homicidio fue cometido por un adolescente menor de 16 años. Y en la Provincia de Buenos Aires, según el Informe del Ministerio Público Fiscal del mismo año (2022), las Investigaciones Penales Preparatorias del sistema penal juvenil (es decir sobre los delitos cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, hoy ya punibles) constituyeron un poco más del dos por ciento del total. Por lo tanto, “es ineficaz hacer una modificación sustancial en el código penal para incluir a una categoría de la población cuya incidencia estadística en las tasas de delito es ínfima”, indicaron desde la Asociación.

Además, una medida de este tipo, lejos de resolver, empeora la situación. “Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas”.

Asimismo, utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que en realidad son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes (2 de cada 3 noticias en los medios que hablan de niños y adolescentes son policiales), cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial (son jóvenes las víctimas de gatillo fácil y quienes sufren hostigamientos, violencias y torturas cotidianas por parte de las fuerzas públicas en los barrios). Es necesario que el Estado garantice a todas las personas educación, oportunidades concretas, trabajo para sus familias, promoción de sus derechos, las condiciones para que los adultos puedan ejercer su cuidado y protección.

Por otro lado, esta propuesta “confunde” sobre el fondo de la cuestión: “Es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas: Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue el actual decreto ley 22.278 dictado por la Dictadura en 1980, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad que dio lugar a condenas de tribunales internacionales”.

Pero ello “no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los y las adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.

En tanto, es inconstitucional “al violar el principio de no regresividad”, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, bajada a 14 durante la dictadura en 1980, y vuelta a establecer a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, en los 16 años; volver a bajarla sería afectar los derechos de la franja de adolescentes de 13 a 15 años.

“El Estado debe garantizar a las niñas, los niños, los y las adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061 y en las leyes provinciales de protección, por su situación de vulnerabilidad. Proponer la baja de edad de punibilidad, lejos de ser una solución a la sociedad, es una hipocresía”, concluyeron desde la Red.