La democracia tiene cuestiones pendientes, “como la necesidad de tener una política de prevención y represión de ilícitos acorde al estado de derecho, pero también efectiva y que dé respuestas concretas a toda la sociedad”, afirmó Jorge Bust, ex gobernador de Entre Ríos. También, hay que dar “una clara y profunda discusión respecto a la política carcelaria y los tratamientos de resocialización y reinserción de quienes han transitado por los institutos carcelarios”, afirmó en un artículo al que accedió AIM. 

Esta semana se viralizó la noticia de la autorización para hacer deportes que una Jueza de garantías en Concordia había otorgado a un joven de 18 años imputado por delitos contra la propiedad, el cual se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

Dicha medida fue propuesta en el marco del Código Penal, considerada lógica por la magistrada que la autorizó y por el fiscal que no se opuso a la misma.

Una vez que la noticia tomó estado público, fue notorio observar cómo distintos sectores de la población y sobre todo líneas editoriales de diferentes medios de comunicación nacionales cuestionaron el raciocinio que tuvieron los profesionales al adoptar la medida antes aludida.

Apenas pasada la tormenta de los primeros días, con mala información, incluso desinformación o datos malintencionados, debemos detenernos a pensar y tratar de ver más allá de lo que los mismos señalan.

Nuestra provincia ha tenido resonancia en estas últimas semanas a partir de dos casos judiciales que, más allá de las características y estados procesales de cada uno, tienen en común el protagonismo de personas jóvenes.

Además de ello, el caso puntual sucedido en Concordia se encuentra cruzado por el flagelo de los estupefacientes, también punto de contacto con un proceso resonante y de profunda gravedad institucional en la capital provincial.

Muchas veces resulta sencillo emitir opinión desde principios, valores o proyectos en abstracto. Sin embargo, cuando la realidad nos interpela con personas de carne y hueso involucradas en hechos delictivos, las respuestas surgen mezcladas incluso con reacciones viscerales; y eso marca que somos irremediablemente humanos y como tal, incluso contradictorios.

No realizaré un análisis jurídico de las situaciones puntuales, pues para eso están los jueces, fiscales, abogados defensores públicos o particulares; vaya a ellos la responsabilidad de actuar en el caso concreto con los mecanismos que las constituciones nacional y provincial, las Leyes penales y los Códigos Procesales les otorgan.

Creo que nuestra democracia a la fecha tiene cuestiones pendientes y no zanjadas con la sociedad en su conjunto. Dentro de ellas se encuentra el tener una política de prevención y represión de ilícitos acorde al estado de derecho, pero también efectiva y que dé respuestas concretas a toda la sociedad. Existen nuevos paradigmas que el Estado hoy combate con “soluciones anticuadas” y como tales no resultan del todo eficaces.

También debemos darnos una clara y profunda discusión respecto a la política carcelaria y los tratamientos de resocialización y reinserción de quienes han transitado por los institutos carcelarios. Este debate debe ser transparente en procura de soluciones reales y realizables. Son conocidas por todos las situaciones de hacinamiento y pésimas condiciones de nuestras cárceles, con lo cual incluso se estaría incumpliendo una manda constitucional. Pero además de ello, no escapan a nadie los altos índices de reincidencia: ergo, “algo no está funcionando bien”.

Además de ello, hoy todo se agrava frente a la problemática del narcotráfico que somete a nuestros jóvenes a una dura realidad, a la cual el Estado aún no ha podido dar una respuesta acorde a la trascendencia de la cuestión.

Nadie tiene soluciones mágicas ni instantáneas, pero el debate claro, sincero y desinteresado, despojado de anteojeras y prejuicios, sin dudas nos va a llevar por los caminos más razonables y consensuados.

Si no elaboramos respuestas e iniciativas efectivas para “salvar” a los jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad de los flagelos que padecen, tenemos una deficiencia como sociedad y como Estado que el futuro nos va a cobrar.

Una sociedad responsable y con justicia social debe brindar oportunidades para nuestros jóvenes, incluso más cuando se encuentran bajo el flagelo de las adicciones. Antes que exigir por acto reflejo la “mano dura”, habría que detenerse, aunque sea por un momento, en cada historia de vida, conocer las causas y motivaciones que llevaron a un joven al consumo de drogas o al delito.

En ese sentido, para los que pensamos que ningún joven es “irrecuperable” y tenemos la esperanza que puedan volver a incluirse en la sociedad, con los pilares de la educación y el deporte como igualadores de las condiciones del hombre, este tipo de medidas no son tan descabelladas como se pretende insinuar. Tener una visión sesgada y excluyente de las personas acusadas de cometer un delito es un camino que no nos va a ayudar a resolver la cuestión de fondo, que es la reinserción social y la baja de los niveles de reincidencia.