La Legislatura porteña sancionó este jueves la reforma del Código Contravencional, por lo que desde el sector de Vendedores Ambulantes, denunciaron a AIM que la Jefatura de Gobierno “insiste y persiste en buscar la cárcel para millares de trabajadores de la economía informal, que ha venido desempeñándose ilegalmente durante toda su gestión, debido a la falta de políticas que brinden un marco de legalidad a la actividad”.

Luego de que la CC ARI no firmara el despacho de mayoría y de varios cortocircuitos dentro del seno de Vamos Juntos, la Legislatura porteña sancionó con 40 votos positivos y 20 negativos una serie de modificaciones en el Código Contravencional, que  endurece las penas para los vendedores ambulantes, los jefes de las organizaciones de trapitos y cuida coches.

Docentes, cooperativistas, vendedores ambulantes, artistas callejeros, motoqueros, desocupados y vecinos de la Villa 31 coincidieron en protestar contra las medidas que impone el macrismo y sus aliados en la Legislatura porteña.

Bajo una copiosa lluvia, los manifestantes hicieron un acto para dar a conocer los puntos que los diputados de Cambiemos prefieren imponer normas represivas en la última sesión del año, junto a los votos de sus aliados Evolución (Martín Lousteau/UCR), PRO, Confianza Pública y Partido Socialista.

Fueron custodiados por un excesivo operativo de seguridad, montado por la Policia de la Ciudad, en cual superó las inmediaciones del edificio de la Legislatura, llegando hasta la Plaza de Mayo.

“El miedo que quiso y pretende instalar el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, jamás logrará inmovilizarnos, lo sabe y persiste inclaudicable en su necedad”, subrayaron desde Vendedores Ambulantes a AIM.

La única realidad es que Rodríguez Larreta “fue derrotado por los vendedores callejeros, todos volvieron a la calle a pesar de los masivos desalojos de los últimos años, cada barrio de la Ciudad se llena nuevamente de trabajadores que, inevitablemente, vuelven a la calle y otros centenares se suman a diario”, manifestaron.

“Podrá su principal herramienta política, que son los grandes medios de comunicación, voceros de la mentira y la división de nuestro pueblo, difamarnos, mintiendo, con operaciones de prensa, seguir construyéndonos como enemigos internos de la sociedad, pero lejos de ello, no logran dividirnos con nuestro pueblo”, afirmaron a AIM.

“En estos dos últimos años, Larreta encarceló a millares de trabajadores, que fueron torturados en comisarías. Pero volvimos a la calle y seguiremos ocupando cada barrio de la ciudad porteña.  Macri en su plan nefasto dejo centenares de miles de desocupados,  con salarios de miseria y hambre, postrando a la indigencia a nuestros  jubilados, y todos ellos eligieron la economía informal y, sobretodo, la venta callejera para sobrevivir”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que “gobernar es crear trabajo y con ello dignidad; lejos de ello, el Gobierno generó pobreza y más por brecha; además, pretende suprimirnos mediante decreto, cárcel y más cárcel exterminarnos y desaparecernos”.

Desde los Vendedores, “advertimos que estos avances totalitarios jamás nos inmovilizarán ni renunciaremos al derecho de  la dignidad del trabajo: La calle no se negocia”.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vecinos de la Villa 31 y del Movimiento Barrios de Pie, fueron las organizaciones que se manifestaron. "¡La villa 31 no está en venta. Es nuestra y no se la vamos a entregar a Horacio Larreta", dijo Mirtha, una vecina que integra la Mesa Participativa del barrio de Retiro.

Al mismo tiempo Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), hacían su propia protesta en la esquina de la avenida Perú y Diagonal Julio A. Roca, en demanda de una "normalización de la actividad" y contra los despidos en el sector.

Cabe recordar que la sanción del nuevo Código Contravencional permitirá a la Policía detener y encarcelar ciudadanos sin intervención ni control judicial. En ese sentido, “senegaleses, integrantes de la economía informal, periodistas, manifestantes y todos en general están en la mira; todos estamos enlibertad condicional si la reforma se sanciona”, sentenció.

“Pero la ofensiva contra Senegaleses no termina ni con el grupo de tareas de Larreta que es la Policía de la Ciudad, ni la escribanía para hacer negocios y legitimar el Estado terrorista que es hoy la Legislatura porteña”, admitió el dirigente de la CTA.

“El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le pide al fiscal general Luis Cevasco que, por intermedio de la siempre activa fiscal Celsa Ramírez, se arme la causa MPF  163675 para mediante la infamia institucional acusar a senegaleses de mafia organizada y de ese modo legitimar la persecución y represión contra este colectivo de compañeros tan valerosos”, contó a AIM.

Celsa Ramirez, “la principal operadora de Cambiemos en la justicia Porteña tiene mucho trabajo a pedido de Larreta a los fines de acusar de asociación ilícita a los metrodelegados y de mafia organizada a los senegaleses”, concluyó Guaraz.

Qué es el Código Contravencional

Con este proyecto, “todos los trabajadores informales en la Ciudad (Vendedores ambulantes, Manteros, Limpiavidrios, trapitos, cuida coches, músicos y artistas callejeros, trabajadoras sexuales, etc) que en épocas de ajuste y un plan de gobierno que expulsa centenares de miles de personas del sistema laboral y que se suman a la informalidad como recurso de supervivencia, quedan en condiciones de ser privados de su libertad a voluntad de un fiscal contravencional”, explicó Guaraz a AIM.

Con la reforma Contravencional, “se podrá detener contraventores a criterio de los fiscales”, por lo que “nuestra libertad individual está condicionada a los intereses y la voluntad del jefe de Gobierno que por intermedio de fiscales (y los jueces del fuero) utilizan la Justicia para legitimar la ilegalidad de un Estado terrorista”, sentenció.

La reforma “habilita la persecución de opiniones y la libre expresión de ciudadanos en redes sociales, con la laxa figura de intimidación u hostigamiento. Cualquier funcionario público o fiscal puede alegar esta figura y encarcelarnos por una opinión crítica”, especificó.

“Con esta figura en épocas de creciente conflictividad social y por ende de reclamos que se desarrollan en su totalidad en la ciudad, cualquier funcionario puede alegar sentirse hostigado o intimidado en alguna marcha o manifestación o cualquier escenario y un fiscal actuar ordenando la detención”, agregó a AIM.

Asimismo, añadió: “Si una nota de opinión en una red social, critica al gobierno actual o un funcionario, o en una manifestación como mencionamos, si somos parte de una organización política o social, se considera un agravante y la pena se duplica”.

Con la sanción de la norma,  “la propaganda política, afiches, Pintadas, sin autorización expresa (no hay) todos quedan en calidad de ser detenidos y sus organizadores con penas de cárcel duplicadas como agravante”.

En ese sentido, “la libertad política de expresar y promocionar mediante afiches sus propuestas y difundir ideas constituye una contravención y nuestra libertad a merced del criterio de una Fiscal”.