La Red Nacional de Multisectoriales de Argentina impulsa para la semana próxima un Ruidazo; en emergencia nacional, contra el tarifazo y el ajuste, informó a AIM el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Paraná, Rafael Vicentín.
Sindicatos, organizaciones que representan a trabajadores autónomos y pequeñas empresas y entidades sociales y civiles que conforman multisectoriales en diferentes puntos del país, llamaron a participar de una jornada de protesta que denominaron Ruidazo el próximo 18 de abril, a partir de las 20, en toda la nación.
La actividad es para rechazar los aumentos desmesurados que autorizó el Gobierno nacional de las tarifas de servicios públicos (como la energía eléctrica y el gas), dijo a esta Agencia Vicentín, quien confirmó que en la capital de Entre Ríos habrá manifestaciones.
El dirigente remarcó que se reclama “que se revierta la política de aumentos indiscriminados de las tarifas de servicios públicos”. En ese marco, explicó que Apyme se sumó a la Multisectorial ya que las medidas que tomó el Gobierno nacional de Mauricio Macri no sólo afectan a los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y sectores más postergados de la economía, sino que, también, impactan negativamente sobre pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, precisó que la política de la gestión de Macri tiene un conjunto de medidas que afectan duramente a las pequeñas empresas: “Básicamente, como perjuicio principal, lo que señalamos la pérdida abrupta del poder adquisitivo de los salarios, por lo que cayeron las ventas; el aumento de tarifas de todos los servicios públicos, que impactó duramente en los costos de las empresas; la apertura indiscriminada de importaciones, que hace que muchos productos que eran manufacturados en el país tenga una competencia desde el exterior completamente abierta, que lleva a la destrucción de pequeñas empresas como pasó en otros momentos de la historia; y, además, la Afip presenta como un logro los embargos que hace a alta velocidad a las cuentas bancarias de pequeñas empresas”.
Emergencia fiscal de las Mipymes
Por la resolución de la Afip 91/2018 “en 2017 sufrieron embargos 250.000 Pymes”, contó Vicentín, quien explicó que muchas empresas no están en condiciones de pagar los impuestos, por lo que lo que el Gobierno presenta “como un logro es un perjuicio porque es un ahogo absoluto”.
No se puede exagerar la magnitud del desastre si se considera que 2016 fue un año de fuerte caída de la actividad (que no compensó el repunte de 2017), y en 2018 las perspectivas son de fuerte estancamiento económico.
La actual medida de AFIP en el mejor de los casos puede significar un leve mejoramiento de los tiempos administrativos y judiciales, pero no resuelve el origen del problema: la acuciante situación fiscal de cientos de miles de empresas ante la falta de planes de facilidades de pagos y una moratoria adecuada para el sector.
En ese marco, Apyme exigió declarar la emergencia fiscal de las Mipymes, que son el 95 por ciento del total de las empresas existentes, suspendiendo por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales por deudas hasta el 31 de marzo del 2018 con refinanciación y moratoria a 120 meses de todas las deudas consolidadas incluidas los planes caducos y deudas en trámite administrativo y judicial.
El sector de las Pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación. Una verdadera agenda industrial y Pyme debe proponerse metas de desarrollo equitativo en beneficio de todos los sectores del trabajo y la producción nacional.