Desde el inicio del Aislamiento Social Obligatorio (Aspo), decretado el 20 de marzo, los trabajadores excluidos y precarizados “reclamamos medidas que nos protejan en este contexto de crisis sanitaria, económica y social”. En repetidas ocasiones, “hemos recibido denuncias de desalojos de familias de hoteles, habitaciones y departamentos”, yendo en detrimento del DNU que prohíbe estas acciones, advirtieron a AIM desde el Bloque de Migrantes. Cuando inicio la pandemia, significó el fin del trabajo ambulante de esta población. Ahora, tampoco tendrían garantizado un hogar.

En su oportunidad, “celebramos el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 del Ejecutivo Nacional, que suspende los desalojos por incumplimiento de pago, prorroga los contratos y congela los precios de alquiler hasta el 30 de septiembre”, destacaron a este Medio.

Sin embargo, “vemos con preocupación cómo la administración de Horacio Rodríguez Larreta no está velando por el cumplimiento de estas medidas en la ciudad de Buenos Aires. En repetidas ocasiones hemos recibido denuncias de desalojos de familias de hoteles, habitaciones y departamentos, en los cuales se ha ignorado por completo el DNU 320/20”.

En la noche del domingo, fue desalojado un trabajador de la comunidad senegalesa, del departamento donde residía en Floresta. De inmediato se presentó la denuncia ante la Comisaría Vecinal, a través de la Defensoría del Pueblo de Ciudad y el Ministerio Público de Defensa de Ciudad.

“Exigimos que se respete el DNU 320/20 y que efectivamente se frenen todos los desalojos, en especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la falta de acción del gobierno está poniendo en riesgo la integridad de muchas familias trabajadoras. En especial, muchas familias migrantes se encuentran en extrema vulnerabilidad y total desprotección en este contexto de pandemia, pues han tenido que interrumpir sus actividades laborales en la vía pública y además tampoco han podido acceder a medidas estatales de contención económica como el IFE”, subrayaron desde el sector.

Las personas migrantes que se dedican a la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires se quedaron sin ingresos por la pandemia, están endeudados y en riesgo de quedar en la calle. "El Gobierno porteño no supo dar respuesta a esa situación, no implementó ningún programa nuevo que los contenga en esta emergencia", dijeron desde el Ministerio Público de la Defensa"