Ante el vencimiento del DNU 66/21 que suspendía los desalojos y congelaba los alquileres, “no solo vemos la inacción del Estado frente a la ola de desalojos que se espera a partir de abril, sino que tanto el gobierno nacional como distintos distritos definen políticas de salvataje para los empresarios hoteleros e inmobiliarios”, expresaron a AIM desde la Consejería de Viviendas.
Dictado en marzo del año pasado, el DNU 320/20 fue desde siempre una herramienta incompleta. Contemplando solo las situaciones de inquilinos formales, “fuimos las organizaciones sociales que contuvimos y a veces evitamos desalojos con acompañamientos y poniendo el cuerpo. Varias veces sufrimos detenciones arbitrarias, prisión y represión por luchar por tierra y vivienda dignas”, advirtió la Asociación en un documento al que tuvo acceso AIM.
Desde el inicio de la cuarentena, producto del corte del trabajo (sobre todo en el sector precarizado) “se hizo muy difícil pagar el alquiler. Pero dada la no aplicación del DNU en alquileres informales, las amenazas de desalojo o desalojos consumados no pararon”. Las Consejerías de vivienda “hemos recibido más de 500 consultas y realizado 200 acompañamientos, muchas veces sin poder ayudar a conseguir una respuesta o solución concreta, pero al menos formando un espacio de organización y lucha desde las Asambleas de vivienda”.
Hace muy poco, “el secuestro de Maia y la gran movilización popular que logró su aparición pusieron en evidencia todas las vulneraciones que atraviesan las familias pobres sin un techo, y en especial las niñeces. Todos se llenaron la boca hablando del ranchito, de la nena, de su mamá (muchas veces culpándola de la situación que vivían ella y su hija) pero poco concreto se logró. Sin ir más lejos, si no hay medidas concretas para suspender todos los desalojos, no queda más que imaginarse un alza del número de personas en situación de calle. A su vez, en ningún momento se puso en cuestión la dificultad de acceder a un alquiler para las niñeces, siendo que la mayoría de las piezas en alquiler no aceptan niños, como así tampoco mascotas”, manifestaron a este Medio desde Consejería.
“El panorama resulta algo contradictorio con la extensión de la emergencia sanitaria hasta fin de año. O que ya se empieza a hablar de restricciones de movilidad ante el aumento de contagios. Y para peor se acerca el frío. Sumar a este escenario una liberación de los desalojos, a pedido del mercado inmobiliario, ¿cómo debe leerse? Claramente, como la política de un gobierno patronal protegiendo a los suyos, priorizando la propiedad privada y la especulación inmobiliaria a costa de nuestros derechos”, agregaron.