Ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto de Ley que tiene como objeto la tipificación, normatización y reglamentación de las prestaciones de Residencias Gerontológicas de Larga Estadía (Rgle) de Entre Ríos, confirmó AIM. El texto pasó a la comisión de Salud Pública, medio ambiente humano.
En la última sesión de la Cámara Alta, tomó estado parlamentario la iniciativa del Ejecutivo que fija pautas para la prestación gerontológica integral, basado en los cuidados, atención y servicios que contemplen aspectos preventivos y de asistencia. En ese sentido, se establece que las Rgle deberán garantizar “un hábitat confortable que satisfaga las necesidades mínimas indispensables para vivir dignamente, que contemple el aspecto socio-cultural e identidad del grupo de residentes”.
Además, se establece que las residencias tendrán que garantizar “alimentación adecuada a la fisiología y salud de cada uno de pacientes y a sus hábitos culturales, asegurando un apropiado estado de nutrición y condiciones y aspectos funcionales que brinden de manera acorde (seguridad, independencia e integración)”.
También, se fija como un derecho las “actividades que procuren el bienestar físico y psico-emocional y social de la población añosa, de acuerdo a necesidades, intereses, deseos, aptitudes y posibilidades, y que faciliten la convivencia, el desarrollo de las dimensiones de la vida cotidiana y el encuentro con familiares, amigos, y comunidad”.
El proyecto se inscribe en el marco de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que adhiere nuestro país a través de la Ley Nacional Nº 27.360; en la responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles (municipal, provincial y nacional), de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores; y en una concepción de envejecimiento y vejez que considera sus dimensiones biológicas, psicológicas y socio-culturales, y de envejecimiento activo y saludable desde una perspectiva integral e interdisciplinaria que se plasma en el diseño y sostenimiento de estrategias decuidados progresivos y acordes de atención a las personas mayores que requieran institucionalización.
En ese marco, se establece que el ministerio de Salud “conformará un Equipo Profesional Interdisciplinario Básico (Epib) específico con capacitación en la temática-problemática de la vejez, conformado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros, arquitectos, maestros mayor obra y personal técnico-administrativo.
El Epib “tendrá a su cargo el proceso de habilitación, contralor o acreditación periódica, según corresponda, por lo que se lo habilita a desarrollar “las acciones pertinentes de manera articulada, y podrán requerir el aporte y asesoramiento de otros organismos gubernamentales, organizaciones sociales y científico-académicas”.
Derechos de los residentes
Quienes estén institucionalizados deberán “recibir un trato digno desde la perspectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, libre de cualquier tipo de violencia, penas y/o degradación; trato igualitario y no discriminatorio por cuestiones de edad, género, raza, clase, entre otros; a ser escuchados y respetados en sus necesidades, intereses y deseos; privacidad e intimidad; creencias religiosas/políticas y opción sexual; a la no divulgación de información y datos personales/familiares; y a la comunicación e información clara y permanente”.
Asimismo, se requerirá “consentimiento informado sobre su ingreso y posible egreso de la residencia y situaciones específicas de salud, en relación a diagnósticos y tratamientos posibles; situaciones conflictivas en relaciones familiares o de amistad; cuestiones de previsión y seguridad social”.
Entre los derechos que se busca garantizar, se puso énfasis en un hábitat y alojamiento en óptimas condiciones de seguridad e higiene, con mobiliario indispensable; a recibir alimentación adecuada (según situación de salud y nutricional), una adecuada atención de la salud (según diagnósticos pertinentes) e información sobre su estado de salud, por parte de los profesionales que lo asisten y sobre toda práctica que se realice en el lugar o fuera de él, con el consentimiento de la misma.
También se fija claramente el derecho a “ejercer y disponer de sus derechos previsionales y patrimoniales, teniendo en cuenta las previsiones”.