El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos realizó una declaración donde expresó “su más enérgico repudio, y rechaza los recientes actos marcadamente antidemócráticos cometidos por ciudadanas, ciudadanos y miembros del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo, en relación a las manifestaciones de un grupo de personas que en defensa de la destituida procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, se expresaron contra los defensores del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en los pasillos de los tribunales de Paraná.
En una reunión celebrada en Nogoyá, los jueces del Superior señalaron que “dichas personas, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia”.
Asimismo, el STJ se solidarizó y rechazó “la agresión propinada a los profesionales de la abogacía Raúl Barrandeguy, Ignacio Esteban Díaz, José Candelario Pérez, Juan Méndez, José Velázquez y Miguel Ángel Cullen contra quienes un grupo de personas que ya han sido individualizadas, el día viernes 10 de junio pasado, en dependencias del edificio de tribunales de la ciudad de Paraná, tuvieron actitudes propias de dictaduras o regímenes autoritarios”, dispararon.
Y agregaron que “eesulta censurable y hasta contrario a las leyes que nos rigen, la participación directa en dichos actos, -como se ha visto-, de integrantes del Ministerio Público Fiscal que integran el Poder Judicial conforme lo prescripto por el art.207 de la Constitución provincial , y deben actuar dentro del rol que le asignan las leyes ,con espíritu de mutua colaboración y responsabilidad, asegurando a la ciudadanía el mejor servicio de Justicia posible, dejando de lado las diferencias personales y funcionales, y dirimiendo las mismas con respeto dentro del marco legal e institucional correspondiente”.