Los agentes de la fuerza de seguridad explicaron que en Bolivia no se realizaron prácticas de tiro ni otras actividades que implicaran el uso del material bélico enviado por Argentina; estuvieron destacados en La Paz después del golpe de Estado contra Evo Morales; comenzaron a declarar hoy como testigos en la causa por supuesto contrabando agravado de municiones a ese país y negaron haber usado esos pertrechos en prácticas de tiro

En la primera jornada de testimoniales fueron tres los gendarmes que declararon bajo juramento de decir la verdad ante el juez Alejandro Catania y todos negaron haber participado de prácticas de tiro ante consultas específicas del juzgado, según fuentes con acceso a la investigación.

Más de 20 efectivos de la Gendarmería Nacional estuvieron citados a declarar como testigos desde este lunes en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde la Argentina hacia Bolivia en diciembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

La consulta sobre esas prácticas tienen que ver con una nota interna emitida por la Gendarmería Nacional en lo que se presume fue un intento de ocultar el verdadero destino de las más de 70 mil municiones antitumulto que el Gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia en noviembre de 2019.

El gobierno de Alberto Fernández denunció que aquellas municiones que envió la administración de Juntos por el Cambio fueron en realidad a parar a manos de la policía boliviana y la Fuerza Aérea de ese país y por ende pudieron haberse utilizado para reprimir las manifestaciones populares de apoyo al gobierno de Morales.

Ante Catania, estuvieron el alférez Alejandro González y los sargentos Jaime Olivera y Leonardo Benítez. Los tres fueron parte del último contingente, el que llegó a Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio de ese año porque los sorprendió la pandemia, lo que dificultó su retorno.

Los integrantes de la Gendarmería, en líneas generales, relataron ante el juez que: llegaron en avión de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules que proveyó la Fuerza Aérea Argentina; todos pasaron por Migraciones; viajaron con sus armas reglamentarias y vestidos de civil; debieron hacer tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del embajador argentino –las dos propiedades están ubicadas a unas cuadras de distancia, no más de diez minutos si se hace el trayecto a pie, dijeron–; cada gendarme tenía un arma primaria –escopeta– y una secundaria –una pistola–; las armas se entregaron en la residencia del embajador. Allí se guardaban cajas con armamento en una piecita de 2x2 desde donde se monitoreaban las cámaras de seguridad; cada integrante del contingente tenía su armamento con él; no hubo entrenamientos ni prácticas de tiro –como ya había surgido en el sumario interno que hizo la Gendarmería–. Este punto es especialmente importante porque desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas; con la policía y con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato. Únicamente se saludaban con los efectivos policiales que estaban apostados en una garita fuera de la embajada o de la residencia; volvieron con todo el material que tenían; el retorno fue por tierra, vía La Quiaca.

A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el personal de esa fuerza que fue desplazado a ese país.

La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto, por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.