El plenario provincial de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) resolvió convocar a paro de 48 sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración. Además, se realizará movilización provincial de los trabajadores y trabajadoras judiciales a Casa de Gobierno en Paraná, informaron a AIM. Reclaman la aplicación de la Ley de emergencia y recomposición salarial.

En el encuentro del que participaron todas las filiales, se aprobó un plan de lucha que implica “paro el miércoles y jueves y movilización provincial a Casa de Gobierno en Paraná el miércoles, para reclamar la aplicación completa de la Ley 10.068 de enganche con los aumentos de la Corte”. La concentración será a las 10 en Ajer (Libertad 170).

En ese marco, para evitar la escalada del conflicto, el plenario de Ajer pidió al gobierno “restablecer un espacio de diálogo que permita volver a la normalidad”, ya que advirtieron que “de no ser así se decidió repetir la medida de paro de 48 horas la semana siguiente”.

Precisamente, se pide al gobierno “que cumpla con el compromiso formal asumido frente a todo el Poder Judicial y se liquiden los aumentos tal cual lo establece la Ley, respetando el principio democrático de independencia de los poderes, base de nuestra democracia”.

La aplicación de la Ley 10.068 implicó que “durante los cinco años anteriores a la Ley de emergencia se dispuso que los judiciales tuviéramos un seis por ciento más de aumento que el resto de la administración pública provincial. Es decir, apenas un 1,2 por ciento más por año. Dicho de otra forma, el gobierno provincial luego afrontar innumerables conflictoscondistintos sectores estatales les otorgó el mismo aumento que a los judiciales, con la enorme diferencia de que el Poder Judicial no tuvo un solo día de conflicto”. En ese marco, destacaron que la Ley 10.068 “es absolutamente racional y prudente”, ya que “logra los mismos porcentajes que se otorga al resto de los estatales entrerrianos y que lo hace con cero día de paro. Con lo que no respetar la ley vigente es un acto de irresponsabilidad que produce un conflicto innecesario”.

“Por eso sostenemos que esta Ley al ser el mecanismo de aplicación del principio de independencia del poder judicial, es la herramienta que lo garantiza, logrando un armonioso funcionamiento de las instituciones”, apuntaron.

Además, aclararon que los salarios no son altos como quiere instalar el Ejecutivo: “El sueldo de un escribiente, que es el primer escalón de la carrera, sin antigüedad está por debajo de la canasta básica actual. Es por esto que los trabajadores y trabajadoras judiciales llamamos a la reflexión al gobierno para que vuelva a convocar una mesa de diálogo que permita superar el conflicto”.