El proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de inimputabilidad a los menores de edad poco a poco gana espacio en la agenda de discusión política. Pero para el codirector del Programa de Prácticas Integrales en Cárceles de la UNER, Alejandro Haimovich, representa una reforma cosmética con olor a viejo. En diálogo con AIM planteó que ante una idea que forma parte de las especulaciones electorales se le debe anteponer una normativa sobre responsabilidad penal juvenil que respete los derechos de los menores.[{adj:33058 alignright}]
“Una vez más el gobierno nacional insiste con la idea de bajar la edad de inimputibilidad a los menores de edad. No es una medida aislada. Las ‘políticas’ en materia de seguridad ciudadana del gobierno macrista no son en realidad otra cosa que recetas viejas que apestan a demagogia punitiva”, afirmo Haimovich al ser consultado por esta Agencia. El abogado y docente señaló que: el proyecto no es nuevo, y en rigor “se enmarca en un endurecimiento cosmético del poder punitivo estatal donde se puede contabilizar la doctrina ‘Chocobar’ o ‘la policía siempre tiene razón’, las limitaciones de derechos para las personas privadas de libertad que campean en la última reforma a la ley de ejecución penal, los ‘reglamentos’ policiales inconstitucionales y propios de un estado fascista, las leyes de narcomenudeo y otras fórmulas por el estilo”, enumeró.
El investigador y Extensionista de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) argumentó que estas reformas son “cosméticas y demagógicas”, ya que son recetas que “no mejoran la problemática de la seguridad y por el contrario, la agravan. Decimos demagógicas pues solo responden a especulaciones electorales de tal modo que parecen formuladas por alguna señora indignada comentando en las redes sociales antes que por un gobierno que diseñe políticas públicas serias que vayan en el sentido de solucionar los problemas de la gente”.
Electoralista
Haimovich recordó que la “discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina es cíclica. Suele plantearse, generalmente, cuando se avecinan tiempos electorales. Pero estas propuestas van a contramano del derecho argentino y del derecho internacional en la materia”, planteó, para citar que “por la Convención Internacional de Derechos Del Niño y las normas internacionales específicas en la materia –Reglas de Beijing y Directrices de Riad entre otras–, Argentina tiene la obligación de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil adecuada y respetuosa de los derechos y garantías de los menores de edad”.
Continúa vigente un decreto-ley, sancionado por la última dictadura militar, que ha sido unánimemente considerado inconstitucional. Los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sancionado a nuestro país por no adecuarse a la normativa internacional en este punto”. En este sentido el docente reclamó que se necesita “una reforma integral del régimen de los menores de edad, respetuosa de sus derechos, donde la edad de imputabilidad sea solo un punto más de esa discusión”, y par esto planteó dejar “de lado las consideraciones acerca de la problemática del castigo como elemento de resocialización de los menores de edad, o los análisis de las políticas públicas necesarias para abordar el problema de la pobreza y del consumo de sustancias en esta etapa de la vida”.
Para tratar de aclara el panorama, el docente investigador propuso preguntar si efectivamente este tipo de propuesta sirve o aporta a una mejora a la seguridad. “La baja de la edad de imputabilidad, como punto aislado en una reforma de este tipo no soluciona nada. No aporta en nada, no tiene ningún efecto pues, entre otros puntos: Un porcentaje ínfimo de menores de edad son partícipes de delitos (menos del 1 por ciento); los menores de 16 años son efectivamente intervenidos por el sistema penal, más allá de la edad de imputabilidad, a través de institucionalizaciones o medidas de seguridad”. Entonces, “el remanido debate sobre la baja de la edad de imputabilidad como medida que mejoraría la seguridad pública no tendrá ningún efecto significativo, salvo en la vida particular de quienes sean alcanzados por la normativa y por sus familias. Al resto de la sociedad, le están mintiendo”, finalizó.