La coordinadora de la Red Ecosocialista en Entre Ríos, Nadia Burgos, aseguró que el gobierno “busca avanzar nuevamente sobre la cordillera y nuestros bienes comunes, utiliza la represión para imponer un modelo extractivista que premia la obtención de las ganancias por sobre la vida y la salud de las poblaciones y territorios”. La dirigente entrerriana repudió la represión, la criminalización de la protesta social y exigió la libertad de los presos por luchar.
En horas de la noche y madrugada reprimieron a vecinos de Choya y Andalgalá que defienden el agua, la biodiversidad y la vida. “Hace días se desarrolló un nueva pantomima: el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad donde acordaron avanzar en un pacto social entre empresarios de la megaminería, ministerios estatales y un grupo pseudo ambientalista (jóvenes por el clima y eco house) completamente ligado al gobierno, para justificar cualquier actividad extractiva por parte del gobierno nacional y avanzar en proyectos megamineros que hace años son resistidos por las poblaciones locales ”, apuntó.
En ese marco, indicó que “como no tienen licencia social acuden a la represión y por eso hacemos responsables al gobierno nacional y de Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, de la integridad física de cada compañero brutalmente reprimido”. Al respecto, exigió “la libertad inmediata de presos por luchar y nos declaramos en alerta y denunciamos las maniobras de los gobiernos para garantizar que las multinacionales saqueen, contaminen y destruyan nuestros bienes comunes”.
Burgos desmontó la farsa del gobierno: “Discursivamente quieren imponer un consenso pero sistemáticamente desoyen las expresiones de los pueblos, lo hacen con Chubut, lo hacen con Catamarca e incluso lo hacen en nuestra provincia al permitir la extracción ilimitada de arena sílice destinada al fracking en vaca muerta con consecuencias ambientales y sociales irreparables”.
“Mientras Fernández y los gobernadores buscan silenciar las voces de las comunidades, los científicos, trabajadores y activistas que hace más de 20 años nos venimos pronunciando en contra de esta actividad ecocida, seguiremos organizados para decir que el agua y nuestras vidas valen más que todo. No van más lógicas productivas y económicas al servicio de pagar estafas como el pago al FMI, al servicio de la concentración de la riqueza, de la extranjerización de nuestra economía que lejos de dejarnos progreso y desarrollo están dejando un país sumido en la pobreza, contaminado y sometido al Imperialismo mundial”, aseveró.