El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este lunes ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para arrancar con el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

En la reunión, durante la que Juntos por el Cambio estuvo ausente, Soria habló sobre modificaciones al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

“El diseño fue generando algunas dificultades en cuanto a su conformación, en cuanto al funcionamiento”, enunció el ministro. El primer cambio que expuso fue respecto de la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento. De acuerdo a los cambios, estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo de la Nación; dos representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del ministerio Público, uno por la mayoría y uno por la minoría; un representante del Consejo Universitario Nacional; un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los integrantes del ministerio Público Fiscal, de los cuales uno tiene que ser mujer.

El rionegrino aseguró que “las ventajas de esta composición son varias”. “Por un lado, es más federal”, argumentó, y “por otro lado, mejora la composición de género”.

En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, los cambios se relacionan con las mayorías. “Nuestra propuesta es mantener el quórum en la mayoría de sus miembros, cuatro integrantes, y modificar las mayorías para las tomas de decisiones, obviamente”, prosiguió.

“Para dictar un apercibimiento o dictar una multa a un fiscal se debería mantener la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros, mientras que para remover a un fiscal entendemos que se va a requerir el voto de una mayoría agravada, las dos terceras partes de los miembros de ese tribunal”, propuso Soria.

El titular de la cartera de Justicia agregó que “en cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento lo que proponemos es que la presidencia se designe por sorteo y que vaya rotando cada seis meses para generar esa alternancia en el cargo, y que no se dé lo que muchas veces vemos en este tipo de organismos, esas actitudes corporativas que traban el normal funcionamiento de un tribunal que está llamado a ser un tribunal de disciplina del organismo”.

“Por otro lado proponemos también una mejoría en el jurado de los concursos, en particular respecto a su composición. Nuestra sugerencia es volver a la redacción vigente de la conformación de los jurados, pero sumando la selección mediante el sorteo público, que eso no está hoy. Esta composición va a permitir tener un jurado de número impar”, explicó.

En cuanto a la designación del procurador interino, propuso que el límite de ese interinato máximo e improrrogable de ese cargo sea de seis meses. “El interino tiene que ser exactamente eso, un interino. Alguien provisorio”, afirmó, durante la exposición en la que criticó enérgicamente a Eduardo Casal. “Hay que ponerle también un plazo de duración a ese interinato”, concluyó.

Además, habló de reducir la exigencia de la antigüedad del fiscal general, que actualmente es de diez años. La idea es que sea de no más de cinco años.

El interino sería designado, según estas modificaciones, por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una propuesta en terna que elabore la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control, es decir, será el Congreso el que proponga los nombres.