El inicio del ciclo lectivo coincidió con la imputación que recibieron 43 padres por distintas tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos durante el año pasado. Ante esta situación, la comunidad estudiantil denunció a AIM que se trata de “una profundización de la política represiva del macrismo, que pretende responsabilizar a los pibes de la crisis educativa y usar a nuestros viejos de comisarios para que no nos organicemos por nuestros derechos”.

La Comunidad de Estudiantes de Base (CEB) expresó a esta Agencia que “ésta avanzada de Larreta y Acuña no es más que un intento de amedrentamiento y persecución a los métodos de la lucha estudiantil”.

Cabe recordar que las tomas en cuestión ocurrieron durante 2018 y se registraron en distintos establecimientos: en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", en la "Presidente Roque Sáenz Peña", en la Normal "Vicente López y Planes", en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la "Martín Miguel de Güemes".

“Esto se da un marco no solo de un profundo ataque a la educación pública con reformas antieducativas y salarios miseria para nuestros docentes, sino también en la criminalización a la juventud con enormes despliegues represivos, como bajar nuevamente la edad de imputabilidad a 15 años y las armas Taser”, manifestaron a AIM desde la CEB.

En ese sentido, dijeron que se trata de “una profundización de la política represiva del macrismo que pretende responsabilizar a los pibes de la crisis educativa y usar a nuestros viejos de comisarios para que no nos organicemos por nuestros derechos”.

“Esta extorsión por parte del Gobierno viene desde el 2018 cuando desde el ministerio de educación lanzan el ‘protocolo antitomas’ y el 0800 buchón para contener así a todo un movimiento que se pronunció el año anterior con más de 30 tomas contra la reforma educativa, buscando doblegarnos en nuestros métodos históricos de lucha y organización”, recordaron a esta Agencia.

Los jóvenes “somos quienes fuimos protagonistas de la lucha (…) Hemos puesto en agenda la necesidad de la aplicación efectiva una educación sexual integral, laica y científica, y los protocolos de acción ante casos de violencia de géneros que hemos conquistado al calor de las tomas. Somos los jovenos, también, quienes nos ponemos de pie ante cada intento de avanzada sobre el derecho a la educación: ante cada reforma antieducativa y recorte presupuestario. Somos les jóvenes, quienes exigimos mejores condiciones edilicias para estudiar, y mejores sueldos para nuestros docentes”, afirmaron.

En un año en donde “el acuerdo con el FMI profundizará la crisis educativa en todos sus niveles, las acciones judiciales contra los padres tienen que alertar al conjunto del movimiento estudiantil de lo que busca mostrarse como una acción represiva contra todos los estudiantes que luchan”.

Qué dice el Gobierno

Según comentaron desde la Fiscalía, se trata de un hecho inédito ya que, por primera vez, se imputa penalmente a los padres por el comportamiento de sus hijos. Es decir, se los hace responsables por su conducta. Desde finales de marzo comenzarán declarar.

Al respecto, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, señaló: "La toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos. En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma".

En el gobierno porteño celebraron la decisión de la fiscalía y explicaron el procedimiento: "Según el protocolo, una vez que la directora hace todo lo que marca se manda al ministerio de Educación y de ahí pasa a la Procuración. Por último, toma intervención la Justicia".

El protocolo al que se hace referencia es el que rige desde el año pasado, que justamente involucra a los padres. Transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En el caso de que los alumnos ocupen la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, deberá hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.