Desde los organismos y el movimiento de derechos humanos solicitaron al gobierno entrerriano datos oficiales sobre la situación de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), ante las condiciones en las que se encuentran dentro de las unidades penales y dependencias del Servicio Penitenciario. Además, reclamaron información sobre las detenciones que se realizan en el marco de la aplicación del protocolo nacional para evitar la propagación del Covid-19.

En Entre Ríos “preocupa la situación de las PPL en tanto y en cuanto no desconocemos las condiciones en las que se encuentran dentro de las unidades penales (hay sobrepoblación y condiciones precarias de salubridad) y dependencias del Servicio Penitenciario”, contó a AIM la abogada de derechos humanos quien participa en causas de lesa humanidad y de violencia institucional representando a organismos y familiares,  Lucia Tejera.

En ese sentido, apuntó que se solicitó “saber oficialmente cuántas personas se encuentran privadas de libertad y cómo se llevan a cabo los diversos protocolos de prevención. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas veces son los familiares quienes les acercan los elementos de higiene y desinfección, que es uno de los reclamos más fuerte que hubo en las huelgas de hambre en las unidades penales de Paraná y Concepción del Uruguay”, ya que se recibieron denuncias de personas privadas de su libertad y de familiares.

Precisamente, el 24 de marzo las organizaciones estuvieron en contacto con diversas autoridades de la provincia y compañeros de Concepción del Uruguay en relación a los reclamos que hubo en la Unidad Penal 4 de esa ciudad.

También, apuntó que hubo “denuncias de la actuación de la Policía de Entre Ríos en algunos barrios de la ciudad los primeros días del aislamiento obligatorio. Pero luego no”.

Ante este escenario, los organismos no solo pidieron información y trasmitieron las inquietudes, sino que también ante la excepcional situación generada por la pandemia del Covid-19 y las medidas de prevención promovidas por los gobiernos, de acuerdo a las recomendaciones que se realizaron a los diversos Estados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, los organismos y el movimiento de derechos humanos se pusieron “a disposición en todo lo relativo a las acciones a llevar adelante en el marco del avance de la pandemia del virus Covid-19 y su especial impacto en las PPL en distintas unidades carcelaria del Sistema Penitenciario entrerriano”.

En ese marco, remarcaron “la predisposición de los organismos a los que representamos y de otros organismos y organizaciones de la sociedad civil con las que mantenemos articulaciones, para colaborar ante esta situación extraordinaria”.