Cientos de productores se movilizaron al Palacio de Tribunales en Paraná para ponerse a disposición de la justicia y entregar un petitorio ante el fallo que restringe las fumigaciones agrícolas, registró AIM.  Las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) los recibieron y aclararon que no están en contra de la producción.

Las concentraciones se realizaron en dos puntos de la ciudad: una en plaza Mansilla, la otra, en el acceso norte de la capital. La jornada de lucha fue convocada por las organizaciones gremiales que representan al campo entrerriano, en repudio al fallo del STJ que dejó en pie las restricciones para la aplicación de fitosanitarios, lo que deja 300.000 hectáreas improductivas y genera un conflicto social que llevará al quebranto a cientos de pequeños y medianos productores y promueve el desarraigo rural.

En la protesta se mostró la diversidad de economías regionales que se ven afectadas por la sentencia.  La acción fue pacífica; algunos estaban serenos con termos y mates y otros dolidos y angustiados ante la caída de convenios de pagos y el posible quebranto de sus pequeños emprendimientos que llevará a la concentración de la tierra. “Esto es peor que la Resolución 125, porque antes nos sacaban un porcentaje ahora son sacan el 100 por ciento”, repetían angustiados.

En la explanada de Tribunales, se realizó una asamblea en la que los afectados contaron la crisis que genera el fallo y, luego, una comisión se reunió con el presidente del STJ, Emilio Castrillón, y los vocales Bernardo Salduna, Germán Carlomagno y Martín Carbonell.

“Nos movilizamos para hacerle saber a las autoridades de la justicia que somos los productores quienes realizamos las buenas prácticas agrícolas, somos más que responsables, ya que vivimos en el campo, tenemos nuestros hijos, empleados, vecinos y amigos a quienes tenemos que cuidar y, además, cuidamos la tierra, porque es de lo que vivimos”, explicó a esta Agencia el vicepresidente de la cooperativa La Ganadera de General Ramírez, Gonzálo Álvarez Maldonado. En ese marco, apuntó que “hoy, con estas limitaciones, más de 300.000 hectáreas de campo productivo dejan de producir e implica el desarraigo del hombre de campo y la falta de recursos para quienes viven en los pueblos y ciudades de la provincia, por lo que queremos que técnica y científicamente (sin fundamentalismos) se llegue a un consenso productivo de brunas prácticas agrícolas”.

En ese marco, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, señaló que lo que ocurre actualmente “es un problema social que se quiere minimizar diciendo que son los ‘grandes grupos concentrados’, ‘terratenientes’ o ‘sojeros’, y se tapa la verdad que es que acá hay tamberos, pecaneros y citricultores, entre otros”.

El fallo “es una exageración para los metros que se están hablando y la cantidad de hectáreas que implicaría dejar de producir”, remarcó Guía, quien apuntó: “Acá no hablamos de ambientalismo sino de fundamentalistas que están avanzando en estas cosas quién sabe con qué redito”.  Al respecto aclaró que “los productores también son ambientalistas, porque cuidan la tierra que heredaron de sus abuelos y la dejarán a sus hijos, pero nadie habla de la siembra directa y toda la tecnología que se aplica para mejorar y cuidar el suelo fértil. Hoy estamos en esta situación y tenemos que ver cómo salimos adelante”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco), Daniel Kindebaluc, agregó a esta Agencia que “el fallo no tuvo en cuenta todos los fundamentos científicos que el campo e instituciones prestigiosas como el Conicet y el Inta aportaron, explicando que las aplicaciones bien realizadas no provocan daños a la salud, ya que somos los primeros interesados en defender la salud”.

En ese marco, indicó que el objetivo “es que se tome alguna medida, porque se le están cortando los brazos a cientos de productores que viven cerca de las escuelas y que hoy no le sirve para nada el campo; ni para producir, ni para vender, para nada”.

El Gobierno debe realizar una nueva Ley

“La manifestación fue para comunicar qué se hizo con este fallo”, indicó a esta Agencia la presidenta de la FAA Crespo, Mariela Gallinger, detalló que por la medida “se deja sin producir miles de hectáreas, acelera el desarraigo rural y, consecuentemente, habrá despoblamiento de las escuelas rurales”.

“Evidentemente los jueces no escucharon los fundamentos tecnológicos y científicos de los productores a la hora de dictar sentencia, por lo que se debe retomar el tema”, apuntó la dirigente, quien indicó que ahora “el gobernador (Gustavo Bordet) haría un decreto que sería un paliativo, pero acá lo que se debe hacer es una nueva Ley, por lo que los legisladores tienen el deber de trabajar en una nueva norma que abarque todos los aspectos (producción, educación rural y la salud)”.

“Acá no es el problema la distancia, sino que nosotros estamos en medio de una guerra política que no tenemos nada que ver, por eso queremos que se pongan los pantalones los legisladores y salgan al campo, las escuelas y recorran la provincia para ver cómo se produce y qué necesidades hay para redactar una Ley superadora que contenga a todos”, apuntó.