Un contingente de productores se manifestó hoy en la ruta 12 (acceso a colonia Merou), para pedir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que resuelva sobre la constitucionalidad del Decreto que regula el uso de fitosanitarios. “El campo tiene una necesidad urgente de que los jueces definan nuestro futuro”, aseguró a AIM la presidenta de la filial Crespo de Federación Agraria Argentina (FAA), Mariela Gallinger.
Con tractores y maquinarias de trabajo, un grupo importante de productores “expresó la presencia firme y fuerte de la unidad y consolidación del campo entrerriano a la hora de levantar sus banderas”, dijo a esta Agencia Gallinger. En ese sentido, apuntó que hoy el pedido fue a los cinco vocales del STJ, “para saber qué van a hacer de nuestras vidas, es decir, si van a dejarnos producir o nos van a hacer desaparecer”.
En la manifestación “hubo muchos jóvenes, quienes son, sobre todo, los que dicen que quieren seguir viviendo y trabajando en el campo, porque es su vocación de trabajo, es decir, quieren vivir con sus familias, mandando a sus hijos a las escuelas rurales”.
“La presencia de cientos de productores (junto a sus herramientas de trabajo) expone la necesidad urgente de que estos jueces tomen una decisión, es decir, el campo clama por nuestro futuro, por nuestras familias”, remarcó la dirigente de FAA, quien precisó que a eso se suma que el desamparo del sector “está dado por muchas cuestiones: ausencia del Estado, magistrados que dilatan las resoluciones y la falta de convocatoria a una mesa de diálogo, donde las partes se reúnan en una asamblea pública para que todas las partes tengas la oportunidad de mostrar sus puntos de vista y fundamentos por los que toman sus posiciones”.
En ese marco, detalló que “nadie se hace cargo del lucro cesante que se está generando y, mucho menos, de las consecuencias de estas medidas sobre la salud de los productores y los problemas familiares y económicos que este fallo está generando”.
Ahora los productores auguran que los vocales se expidan sobre la reglamentación para la aplicación de fitosanitarios para poder recuperar el tiempo perdido en alrededor de 300.000 hectáreas, que hoy se encuentran improductivas.