A partir de un informe al que tuvo acceso AIM, el año pasado, arrojó pocos resultados en materia ambiental a nivel legislativo, aunque algunos debates fueron provechosos y registraron avances. Una síntesis de un escenario con muchas idas y vueltas y pocos resultados concretos.

Acceso Verde hizo referencia a un hecho significativo, que fue la puesta en marcha de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, con una muy escasa actividad durante años.

En el marco de la Comisión se dio el debate por la Ley de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura, a través de dos procesos paralelos. Por un lado, las autoridades abrieron una instancia de consulta a través de reuniones informativas, en las que funcionarios nacionales, representantes de organismos públicos, empresas y cámaras vinculadas a la actividad, sindicatos y organizaciones no gubernamentales tuvieron la oportunidad de acercar sus aportes.

Por otro lado, los asesores de la Comisión se abocaron al trabajo de unificar los dos proyectos de ley con estado parlamentario, uno correspondiente al diputado Carlos Selva (FdT) y el otro presentado por los diputados Ximena García y Fabio Quetglas (JxC), que perteneció originalmente al diputado mandato cumplido Gustavo Menna (JxC).

En un proceso virtuoso, los legisladores incorporaron modificaciones y alcanzaron un despacho del proyecto unificado, que pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la que fue girado a pesar de no contemplar una partida presupuestaria. Esta segunda y última comisión no trató el despacho, por lo que perdió estado parlamentario y se deberá iniciar nuevamente el proceso legislativo.

El proyecto de ley busca establecer un sistema electrónico de trazabilidad de los productos pesqueros de mar y continentales a lo largo de toda la cadena de suministro, con el objetivo de dar mayor transparencia y legalidad a la pesca local y diferenciarla de la ilegal, no declarada y no reglamentada en los mercados internacionales de destino de las exportaciones (más del 90% de las capturas marinas).

En un proceso bastante menos armonioso, por primera vez, la Ley de Humedales alcanzó dictamen en la Cámara de Diputados, aunque no logró la unificación de los proyectos en danza. La iniciativa presentada por el diputado Leonardo Grosso (FdT), elaborada por un colectivo de organizaciones ambientalistas, sociales e investigadores y denominado “proyecto de consenso”, obtuvo el dictamen de minoría, mientras que el de mayoría lo consiguió el proyecto de los diputados Ximena García y Maximiliano Ferraro (JxC).

El tratamiento de la ley incluyó varias instancias de consulta por parte de las comisiones intervinientes a diferentes sectores: organismos de gobierno, sectores productivos, organizaciones no gubernamentales, académicos, entre otros.

El avance en el debate de los proyectos no fue sencillo, sobre todo por la cantidad de comisiones intervinientes, las diferencias sustantivas entre las propuestas, la reticencia de sectores productivos y la polarización política detrás de uno y otro proyecto. Por lo que, a pesar de los dictámenes alcanzados, la Ley de Humedales no logró pasar al recinto, para así alcanzar la sanción de la cámara baja.

La Ley de Humedales establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de estos ecosistemas. Incluye una definición de base –que comparten los proyectos de las principales coaliciones-, la realización de un inventario nacional de humedales y la realización de ordenamientos territoriales provinciales, aunque los dictámenes difieren tanto en la secuencia de las herramientas, en los criterios de ordenamiento a aplicar y en las autoridades a cargo de cada una de las herramientas de política ambiental incluidas. Es, además, una de las grandes deudas legislativas en materia ambiental.

En agosto de 2021 la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que establece la responsabilidad extendida del productor para la gestión de neumáticos fuera de uso. Ese mismo año, la Cámara de Diputados alcanzó el dictamen en una reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Justicia, aunque perdió estado parlamentario debido a la falta de tratamiento en el recinto y al recambio en la composición de las comisiones post elecciones legislativas.

En noviembre de 2022, el proyecto obtuvo nuevamente dictamen de la Comisión de Industria, previo paso por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Como viene sucediendo con otros proyectos, no hubo acuerdo en un único texto, por lo que del tratamiento surgieron dos dictámenes: el de mayoría, del proyecto que proviene del Senado; y el de minoría, de la diputada Soher El Sukaria (JxC).

La ley no logró ser sancionada en 2022 pero los dictámenes siguen en vigencia hasta fin de 2023, cuando se renueve la composición del Congreso de la Nación. No obstante, y de acuerdo con lo surgido de las intervenciones de los legisladores durante el proceso, de ser tratado en el recinto, el proyecto podría tener modificaciones, por lo que debería volver al Senado para su aprobación.

El proyecto de ley establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso bajo el principio de la responsabilidad extendida del productor, que implica que los fabricantes de neumáticos se responsabilicen por sus productos durante toda su vida útil, incluyendo la instancia de su descarte. Los principales objetivos de la ley son ambientales y de salud pública, debido al aumento significativo de neumáticos que son arrojados en rellenos, basurales y el entorno, y a la posibilidad que esto genera para la atracción de roedores y la reproducción de vectores de enfermedades como el dengue.

El tratamiento y la sanción por parte de la Cámara de Diputados de la iniciativa para la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul” presentado por la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) logró ser aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y aunque no alcanzó a tratarse en el período ordinario, fue incluido en el paquete de proyectos definidos por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias del período 2022, aunque tampoco fue sancionado.

El trámite legislativo del proyecto tuvo sus controversias debido al área que se pretende proteger, los antecedentes que podría crear en materia de áreas protegidas y a su trayectoria dentro de la Cámara Baja, ya que el proyecto al presentarse obtuvo giro a tres comisiones; luego fue retirado y representado con giro a una sola comisión, diferente a las tres anteriores y sin injerencia en la materia.

El proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de organizaciones ambientalistas y cuyo tratamiento inicial (2021) incluyó la instancia de consultas a diferentes actores del ámbito público y de la sociedad civil, impulsa la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en una porción de plataforma continental bajo jurisdicción argentina, por fuera de las 200 millas marinas.

Por último, a fines de 2022 la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 24.051 de residuos peligrosos, con el objetivo de establecer una actualización sobre las multas contempladas en la norma.

Específicamente, propone la modificación del artículo 49 sobre las multas y sanciones que se aplican a los infractores y establece para el cálculo unidades fijas que toman como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público. Además, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

La sanción definitiva dependerá ahora de su tratamiento y aprobación en el Senado de la Nación.

Como vemos, si bien algunos proyectos de ley de relevancia han avanzado en su trámite legislativo, aún faltan las instancias cruciales. Aquellos proyectos que alcanzaron dictamen en 2022, para mantener su vigencia, deberán ser aprobados en 2023, antes del recambio del Congreso post elecciones. Aquellos que lograron media sanción el año pasado, contarán con dos años para ser convertidos en ley por el Congreso de la Nación.

En un año electoral, con un calendario cargado por los comicios a lo largo del país, las posibilidades de tratamiento y debate parlamentario se reducen. Sería una pérdida de tiempo y de trabajo de los legisladores, pero también de todos aquellos que, desde organismos oficiales, el sector privado o la sociedad civil han hecho sus aportes, que las iniciativas no tengan tratamiento en el 2023.