Tras varias semanas de impasse, se retomó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil. Además de participar una nueva tanda de especialistas invitados, desde el oficialismo trajeron este miércoles cifras sobre cuál sería el costo fiscal de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo: más de 200 mil millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, dio detalles de un informe realizado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Justicia sobre el impacto que tendría el proyecto. En el mismo se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal; y toma como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.

“Los funcionarios se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándoles un plus salarial”, dijo el oficialista y estimó que “cada supervisor representaría un costo fiscal mensual de 482.680 pesos” y “cada uno tendrá a su cargo un máximo de 25 casos mensuales”.

Sobre el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción), el libertario señaló que se estima que “todos los jóvenes imputados accederán a al menos uno de los programas”, por lo que se calculan “241.813 pesos en programa por joven”.

“El costo de la implementación del nuevo sistema para la justicia nacional y federal es el cinco por ciento del total de casos a nivel país”, apuntó y dijo que “se requerirían adicionales para 12 supervisores, lo que representa un costo de 75.298 millones de pesos por año”.

Espert detalló que “deberían preverse 300 programas nacionales socio-educativos, laborales, deportivos o culturales, lo que representa un costo de 72.500 millones adicionales”.

Para casos de reincidencia, habría “ocho supervisores adicionales, con un costo anual de 50 mil millones de pesos”.

“Para los 179 casos estimados, el costo total de los programas asciende a 43.283 millones de pesos”, precisó el diputado e indicó: “Hablamos de un total anual de 241.320.407 pesos, lo que equivale al 0,42 por mil del Producto Bruto Interno, aproximadamente el 0,34 por ciento del presupuesto que se ejecutaría en total durante 2024 para la administración nacional”.

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la falta del cálculo “de todo el trabajo que se tiene que realizar en el territorio, en las provincias argentinas” y pidió por una reunión para debatir el tema específicamente. En tanto, su par Graciela Parola apuntó que Espert “hizo alusión al ámbito federal”, pero “debería hacerse una estimación teniendo en cuenta todos los delitos comunes”.

También desde UP, Martín Soria advirtió que entre la cifra estimada por supervisor y los 25 casos que tendría, “estamos hablando de menos de 18 mil pesos por mes”. Además, observó que el costo de implementar este nuevo régimen penal juvenil representa “más del doble del costo para financiar las universidades”.

A su turno, Victoria Tolosa Paz cuestionó que “acá vino la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y vendió en este plenario que era enorme el crecimiento de los delitos cometidos en Argentina por adolescentes”, cuando del informe dado por Espert se desprende que “han sido números muy menores, 300, el cinco por ciento de los casos”. “Son confusos los números que ha manifestado”, señaló la legisladora de UP.

Por otra parte, en lo que fue la séptima reunión de debate, se recibió a un nuevo grupo de especialistas, entre los que expuso Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). “Si bien se está discutiendo si la edad de imputabilidad va a ser menor a los 16 años, estos menores no punibles en general son alcanzados por medidas tutelares”, apuntó.

A continuación, opinó que el nuevo régimen debe “hacerse en base a los principios que derivan del derecho internacional de los derechos humanos” y, sobre esto, apuntó que según el Comité de Derechos del Niño “señala que la edad de punibilidad no debe ser menor a los 14 años dado que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, respecto a que la parte de frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando”. También, según recomendación de Unicef, “no hay evidencia que demuestre que la baja de edad de imputabilidad impacte favorablemente en mayor seguridad de la población”.

Carmen Ibarra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, provincia de Buenos Aires, consideró que el “gran desafío es sacar una ley que sea con un enfoque interdisciplinario, donde nos den las herramientas a los operadores del Poder Judicial, y que nos permita que los jóvenes terminen con la infracción a la ley penal, que puedan incluirse en la comunidad de una forma armónica, porque no nos olvidemos que los jóvenes infractores son el futuro de nuestro país”.

Alejandrina Barry, exlegisladora porteña de la izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, manifestó: “Dentro de este proyecto no hay ni una sola política que ataque las causas sociales e impida que los pibes sean víctimas del narcotráfico. No sólo estoy hablando de derechos básicos como la alimentación, sino también de derechos integradores sociales; que en cada barrio se construyan polideportivos, centros culturales, bolsa de trabajo”.

En el cierre, Rocío Alfonsín Alconada, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que hay una “distorsión de los datos” porque “los delitos de los menores han descendido” y “las sentencias de los menores respecto a los mayores significan el 0,3”, un total de 15.

Al resaltar que el organismo recorre todo el país, la nieta del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que “las diferencias en las provincias son muy grande” y “hay provincias que tienen un joven detenido, otras ninguno; hay provincias que no tienen centro de detención”. “Cuando hablamos de cuál es el presupuesto estamos hablando como si la realidad fuera homogénea y es muy heterogénea”, enfatizó.

“La totalidad de los chicos hoy en conflicto con la ley penal es de alrededor de 4.200, hay detenidos 850, de los cuales 710 están en centros de privación y los otros en centros de restricción”, precisó la abogada. En ese sentido, sostuvo: “Es difícil decir que con esos números vamos a combatir la inseguridad; que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos”.

La representante del Comité de Prevención de la Tortura alertó que “las celdas de aislamiento deberían estar prohibidas”, sin embargo, existen y allí se dan “torturas, violaciones, autolesiones y suicidios”. Valoró que en el proyecto se las prohíba.

“Hay lugares donde los chicos no salen al exterior en todo el día y donde el régimen es no hacer nada en todo el día. También el contacto con las familias es muy limitado”, agregó sobre la situación actual.