La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió este miércoles y recibió a especialistas que expusieron sobre la presentación del documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre “La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”, supo AIM.

Eduardo Ferreyra, abogado especialista egresado de la Universidad de Tucumán y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín, habló de cuatro aspectos centrales que son “la criminalización del discurso online; el monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje; la toma de decisiones de las plataformas en cuanto a generación de contenido; y las expresiones violentas de funcionarios políticos”.

“Las primeras dos se enfocan más que nada en el accionar estatal, y las otras dos tienen el acento en el accionar de las plataformas privadas”, explicó. En relación a la regulación pública sobre los comentarios en redes, aseguró que “una regulación pública debería llevar a ampliar las voces, no restringirlas y, en ese sentido, los estándares de derechos humanos nos dan una base sobre el cual se puede regular de manera conducente”.

Para Ferreyra, “cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente. Un cambio de las reglas sin alterar el statu quo puede dar como resultados fenómenos contraproducentes”.

Por otra parte, agregó que “una regulación pública tiene que apuntar a que las personas sean involucradas de manera significativa en la toma de decisiones” y puso el ejemplo de Wikipedia.

El abogado subrayó que “nos debemos una discusión” sobre “temas controversiales” como “los discursos de odio, la desinformación, la violencia de género”. “Se corre el riesgo que las interpretaciones (sobre esos temas) que son de las plataformas comiencen a influenciar en la toma de decisiones”, alertó.

Y continuó: “Es tiempo que los poderes públicos empiecen a dar una discusión de una manera abierta y democrática, es necesario empezar a elaborar criterios propios, sobre todo en una región como Latinoamérica”.

En otro tramo de su exposición, el especialista apuntó que la mayoría de las causas por intimidación pública contra personas por sus mensajes en redes “terminan en la nada, son sobreseídas en la Justicia porque llegan a la conclusión de que no había delito alguno”. “El informe remarca que cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión”, indicó y recomendó a la comisión dar debate sobre cómo “adaptar los delitos penales al ámbito online y evitar que interfiera con la libertad de expresión”.

En tanto, Damián Loreti, abogado por la UBA y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que “es difícil” ponernos “de acuerdo en las cosas que decimos”, por eso “hay una necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora; no alcanza solo con la transparencia, nos pueden contar cómo se constituye un logaritmo y salir más ignorantes que antes. Lo que hay que ver es si ese logaritmo genera algún tipo de discriminación en términos de ciertos tipos de discurso”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una convocatoria en materia de discutir estándares” y “de qué modo salir del dilema de las cosas que circulan por internet”, reveló. En ese sentido, consideró que “los Estados deben establecer mecanismos regulatorios que los daños a los derechos humanos que generan las plataformas tengan un recurso efectivo para hacer ejercicio de sus derechos”.