El sector agropecuario reclamó al Gobierno un plan de acción inmediato y pidió desechar los mecanismos burocráticos, para apoyar al campo, el principal proveedor de divisas del país. "No están dadas las herramientas para que el Gobierno pase de la palabra a la acción. Y eso es lo que el sector necesita”, afirmó a AIM el presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada, Felipe Berruhet.

Berruhet participó la semana pasada de la reunión de la Mesa de Enlace de Entre Ríos con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y gran parte de su gabinete, en Villaguay, que giró en torno a distintos tópicos de interés para el sector agropecuario como lo son la lechería, red vial, ley de fitosanitarios, delitos rurales, ley ovina y emergencia agropecuaria. “No hubo avances de ninguna naturaleza. Emergencia agropecuaria no habrá; ayuda financiera y posibilidades de financiamiento, el gobierno dice que lo está estudiando, pero hasta ahora, no tiene nada. Tampoco para los tamberos de la provincia hubo respuestas concretas, aunque se mencionó que se estudian líneas de financiamiento. Y aquí la ironía, porque se plantea darle créditos a un sector que hace diez años que está en una curva de pobreza, y que no tiene ganancias, cuando los créditos se pagan con ganancias, ABC de la economía. En rigor, hablamos con Bahillo un sinnúmero de temas, y en algunos nos pusimos de acuerdo, pero en la mayoría no pudimos avanzar porque las respuestas no dependen del ministro ni de nosotros”, ejemplificó.

Un poco de historia
Párrafo aparte dedicó el contador a la discriminación que recibe el sector agropecuario, tras la circular reservada 2787/2020 del Banco Nación, que, mediante ese instrumento, suspendió “transitoriamente” las solicitudes provenientes de productores de soja y trigo para acceder a la línea de créditos MiPyme. Es decir, créditos a tasa subsidiada del 30 por ciento que, con los costos bancarios, termina siendo del orden del 35 por ciento.

Lo cierto es que mucho antes, a partir de la Comunicación A 7140 el Banco Nación dispuso que estos créditos pueden ser otorgados a productores que hayan vendido a la fecha de la solicitud el 95 por ciento de su cosecha de soja y trigo, lo que en la práctica dejaría afuera a un sinfín de agricultores. “Nosotros planteamos porqué el Gobierno no hace lo mismo con el comerciante que tiene más de un cinco por ciento de electrodomésticos, de juguetes o de ropa sin vender. Así, entre lo que no se puede hacer porque corresponde a la Nación, y lo que tampoco se puede porque las arcas públicas no lo permiten, es prácticamente inexistente la ayuda el Gobierno provincial para el sector”.

Ejemplos concretos y ninguna solución
Berruhet ejemplificó lo que sucede con un productor agropecuario que hace granos: “Le aumentaron el 36 por ciento el Impuesto Inmobiliario Rural, lo que devino en el incremento del alquiler. Si ese productor no se favoreció con la caída de algunos chaparrones, cosechó 35 quintales de maíz, perdió la soja de segunda y con la de primera, anduvo cerca. Tampoco tiene asistencia en ningún sistema financiero porque siembra soja, maíz o trigo. Con esa presentación, no lo atiende ni el ordenanza de un banco. El Gobierno debiera entender que está hablando con los representantes del sector que ingresa los pocos dólares que entran para la Argentina, para que nuestro país no se desintegre, pero no aporta ninguna solución. Es complicado reunirse, y si no nos dan respuestas, más complicado aún. No digo que no hay que reunirse, pero si lo hacemos, deben definirse líneas de acción, porque para hacer catarsis hacemos un asado y después empezamos a conversar”, fustigó.

Pasar a la acción
No obstante, Berruhet aclaró que respeta al ministro Bahillo por el diálogo con el campo, porque, además, el funcionario “entiende al sector. Lo que sí digo es que en el Gobierno no están dadas las herramientas para pasar de la palabra a la acción. Y eso es lo que el sector necesita”.

Para el presidente de Coopar, “seguramente esta falta de definiciones no es responsabilidad del ministro, porque él mismo responde a una línea, pero lo que hay que entender es que los dirigentes agropecuarios también tenemos que dar respuesta a los productores de nuestras entidades. Si nos plantean la inseguridad en el campo, nuestra obligación es reclamar a los funcionarios respuestas ante esa situación. En algún momento, el sistema productivo y las personas que administran los fondos públicos, debemos ponernos de acuerdo sobre qué es lo que se debe hacer, porque no podemos seguir hablando sin avanzar. La Argentina, y nuestra provincia de Entre Ríos, ya no soportan más esta desconexión”.

El productor afirmó que “el agro es aquel sector en el cual se basa nuestra economía y es fundamental para el país reforzar cada vez más a la producción tanto agrícola como pecuaria. Sin esto no hay forma de considerar la producción más eficiente de nuestra nación y de nuestra provincia, y está mal seguir imponiéndole derechos o impuestos a la exportación de un sector clave, cuando no se le dan herramientas para que pueda crecer como corresponde, por el aporte que hace”.

“Planteada la situación, lo que se siente es impotencia. En algún momento, alguien tiene que tener la decisión política de empezar a actuar, antes de que sea demasiado tarde”.
De la Redacción de AIM.