En soledad, el oficialismo avanzó en la Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri, con el dictamen favorable de ocho decretos emitidos por el gobierno de Alberto Fernández.
Con mayoría en esa comisión, y tras la retirada de Juntos por el Cambio -en rechazo al tratamiento de un DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri-, los miembros del Frente de Todos avalaron un conjunto de medidas.
Entre ellas, los DNU 493/20, 520/20 y 576/20, por los cuales se extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia por Covid-19. “Todos los infectólogos sabemos que el único modo de protegernos cuando no hay vacunas, cuando no hay tratamiento eficaz, es aislarnos”, defendió la diputada catamarqueña Lucía Corpacci.
Asimismo, agregó: “Tenemos un Estado que se hace responsable de lo que nos pasa a todos los ciudadanos, garantizándoles las condiciones mínimas para que la gente pueda quedarse en su casa”.
En tanto, el diputado Pablo Yedlin, también de profesión médico, calificó a la pandemia como “una desgracia épica, comparable con cualquier guerra mundial”. Tras mencionar los avances que se están teniendo en la lucha contra el virus, aseguró que “lo único que hoy sirve es distanciar a las personas para que el contagio disminuya. Da la sensación que esto se está logrando”.
“Sin embargo, los números son muy preocupantes”, advirtió el tucumano e indicó que en la Ciudad de Buenos Aires está el 70 por ciento de la capacidad hospitalaria ocupada.
Por otra parte, el senador Guillermo Snopek argumentó el DNU 214/20, que estableció la prohibición de la participación de agentes de inteligencia como auxiliares de la Justicia, y el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.
El jujeño destacó la decisión del Gobierno de “buscar la transparencia” del destino de los fondos reservados de la AFI, además de “cortar un lazo entre la Justicia y el organismo de inteligencia”, ya que “estas prácticas se utilizaron en estos cuatro años para el armado de causas y persecución política”, en referencia a la causa de presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.
Otro decreto avalado fue 278/20, que dispuso la intervención del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) y designó a Federico Bernal como interventor. El diputado santacruceño Pablo González resaltó que en este organismo “se está revisando todo lo que se ha hecho”.
“(El ex ministro de Energía, Juan José) Aranguren y el Enargas lo que hicieron en cuatro años fue aumentar las tarifas a la gente. Acá, en una provincia (Santa Cruz) productora de gas, la gente paga cifras descomunales, absolutamente exorbitantes. Es una situación que venimos resolviendo con el interventor”, sostuvo.
En tanto, apuntó: “Mientas la gente se muere de frío, porque no puede pagar el gas, Aranguren y otros personajes se abrazaban con los productores y comercializadores de gas y le trasladaban a la gente esos 400 millones de dólares”. “Un terrible negociado, un negociado absolutamente indefendible, por eso se fueron”, dijo en alusión a los legisladores de JxC, que rechazaron debatir el DNU por el cual se estableció una compensación a las empresas distribuidoras de gas.
También se trataron en la reunión el decreto 277/2020, de intervención del Enre (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y designación como interventor de Federico José Basualdo Richards, argumentado por la senadora Teresa González; y el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de obligaciones tributarias para MiPyMEs, defendido por la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Fuente: Parlamentario