El  17 de mayo 1959  el Gobierno revolucionario de Fidel Castro promulgó la Ley de Reforma Agraria en Cuba.

Antes de 1959, en Cuba coexistían dos realidades. Según estudios de la Agrupación Católica Universitaria (ACU), mientras que en La Habana se vivía una época de extraordinaria prosperidad, “los trabajadores agrícolas están viviendo en condiciones de estancamiento, miseria y desesperación difíciles de creer”.

Esa realidad, puntualizaba el informe de la ACU publicado en 1956, comprendía 350 mil trabajadores agrícolas y más de dos millones de personas, que en el momento de la investigación representaban 34 por ciento de la población del país

De los más de 30 mil propietarios de tierras, el 1,5 (ya fueran cubanos o no cubanos, fundamentalmente compañías yanquis) poseían el 46 por ciento del área cultivable, en total (incluyendo a los anteriores) los latifundistas grandes y medianos constituían el 9,4 por ciento y poseían el 73 por ciento del agro cubano.

El desempleo reportado en el país por las autoridades en los   meses de zafra azucarera era del 8.4 por ciento, cifra dos veces superior a la más alta de los 55 años de período revolucionario (1959-2014). Pero en el llamado “tiempo muerto” (las tres cuartas partes del año) aumentaba al 20-25 por ciento.

Ello significaba entre 400 mil y 450 mil personas, de las cuales unas 350 mil pertenecían a la gran masa de trabajadores agrícolas. En el campo, subrayaba la ACU, el 91 por ciento de las viviendas carecía de electricidad y la cuarta parte, de servicio sanitario alguno.

El índice de desnutrición era de 91 por ciento en las áreas rurales, el 14 por ciento de los campesinos padecían o habían padecido de tuberculosis pulmonar, el 36 por ciento se hallaba parasitado.

La Reforma Agraria proscribió el latifundio, aunque la primera ley, suscrita el 17 de mayo de 1959, fijaba en 30 caballerías (unas 402 hectáreas) “el máximo de extensión de tierra que podrá tener una persona natural o jurídica”.

Mediante esta legislación se entregó la propiedad de la tierra a quien la trabajaba (hasta un máximo de cinco caballerías, es decir, unas 67 hectáreas) y se socializó una parte del área cultivable del país, a través de las cooperativas y granjas del pueblo.

Para los académicos, esta primera ley, al abrir el camino hacia transformaciones socioeconómicas más profundas, signó a la Revolución Cubana en su primera etapa (1959-1960) y le dio su carácter democrático-popular agrario y antiimperialista, al lesionar incluso intereses foráneos, sobre todo estadounidenses.

En la segunda Ley, promulgada en 1963, en medio de una agudización de la lucha de clases, que en el Escambray alcanzó altos niveles de violencia debido al terror implantado contra la población civil por las bandas contrarrevolucionarias que allí operaron, se rebajó el máximo a cinco caballerías.

De esta forma desaparecieron los residuos de la burguesía rural. Pero también se redujo el desempleo y mejoró ostensiblemente el nivel de vida del campesinado. Cerca del 30 por ciento del área cultivable quedó en manos de los pequeños agricultores.