El revuelo causado por el pedido de que la Daia se aparte de la causa por el Memorándum con Irán cayó mal en la corriente ortodoxa que respaldaba a Agustín Zbar, quien terminó solicitando licencia en la Amia. Las presiones del oficialismo.

El presidente de la Amia, Agustín Zbar, presentó un pedido de licencia ayer a la madrugada. Según parece, en su corriente –el ortodoxo Bloque Unido Religioso– cayó muy mal la situación que se generó con la difusión de la carta a la Daia solicitándole que desistiera de la acusación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El líder de la corriente, el rabino Samuel Levin, está en contra de la participación en política y alienta el abandono de la querella, pero la difusión pública resultó intolerable porque constituyó lo contrario de lo que se buscaba: una fuerte participación política.

Dado que la ortodoxia religiosa funciona como un ejército disciplinado, Zbar envió una carta de autocrítica, haciéndose responsable de todo, cuando es notorio que no hubiera dado paso alguno sin el visto bueno del rabino. Además, durante la semana pasada utilizó los sólidos argumentos del primer juez del caso, Daniel Rafecas, cuando sostuvo que no había delito en el memorándum: fue votado por el Congreso y, para colmo, fue un tratado que nunca entró en vigencia, por lo cual no pudo haber tenido efectos jurídicos.

Zbar será reemplazado por el vicepresidente Ariel Eichbaum. El pedido de licencia -virtual renuncia- obedece a la convulsión que se produjo por la carta reclamándole a la Daia que se baje de la querella contra la ex presidenta.

Las reacciones fueron básicamente dos:

Por un lado, hubo malestar porque el tema debió mantenerse con bajo perfil y no provocar una polémica pública, evidenciando la interna en la comunidad judía. Hubo instituciones que protestaron de inmediato, también porque la movida fue inconsulta con otras organizaciones.

Por el otro lado, todos los alineados con el gobierno de Cambiemos, incluyendo los cuadros del oficialismo de la comunidad judía, pusieron el grito en el cielo.

Dentro de la corriente religiosa, quien tiene la última palabra es el rabino Levin, nada afecto a la intervención en la política nacional. Terminado el shabat, parece que Levin le hizo saber a Zbar –actualmente en Israel– que resultaba intolerable que se armara semejante escándalo a raíz de la difusión pública de la carta. Esto ya no le dejó margen a Zbar para resistir y por ello, según informó la Agencia Judía de Noticias (AJN), terminó pidiendo licencia a las dos de la mañana hora  argentina.

“Entendí erróneamente que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional, que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante. Por eso impulsamos ese pedido a la Daia. Muy lejos de mis intenciones estuvo lavar la responsabilidad de los asesinos y todos sus cómplices. Solo perseguía enfatizar que en el futuro fuera el propio Estado quien persiga las condenas”, dijo Zbar.

En ese sentido, agregó: “Lamento inmensamente que este pedido haya traído más dolor enojo y divisiones. Asumo absolutamente la responsabilidad del error cometido, pido nuevamente disculpas”.

Con esta movida se busca aliviar la presión sobre la Daia pero le queda marcada la cancha. Es que el presidente Jorge Knoblovits había convocado a una asamblea para el 6 de mayo en la que se iba a discutir justamente el retiro de la querella en el caso de del Memorándum con Irán, expediente en el cual la Daia auspició la acusación contra la ex presidente incluso por traición a la patria.

En la Daia, había quienes insistían en que no debe participarse de la querella, entre otras cosas porque el memorándum nunca entró en vigencia, era una decisión política votada por el Congreso y no hay antecedentes en el mundo de que la dirigencia de una comunidad judía denuncie penalmente a todo un gobierno. Además, hay cierto temor a que si la causa naufraga –algo que ocurrirá tarde o temprano– habrá fuertes reclamos económicos por calumnias e injurias, daños y perjuicios, por parte de los imputados. Algunos hasta especulaban con que el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, íntimamente vinculado con Zbar, le habría adelantado al presidente de la Amia que el expediente no tiene futuro.

Hoy en día, la causa está elevada a juicio después de increíbles manipulaciones que se hicieron en el edificio de Comodoro Py, incluyendo el apartamiento de una jueza del tribunal sorteado. Una jugada en marcha es impedir que declare el ex secretario general de Interpol Ronald Noble, para lo cual pusieron en marcha una imputación por encubrimiento. Debe ser la primera vez en la historia que la dirigencia de una comunidad judía –en este caso usó a dos familiares de las víctimas del atentado que le responden– acusa al más alto cargo de Interpol. Y lo hacen contra Noble, una especie de prócer de la central mundial de policías, estadounidense y ex responsable del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

La Casa Rosada puso a todos sus alfiles a trabajar contra Zbar –el diputado Waldo Wolff, los ministros Patricia Bullrich, Claudio Avruj, el rabino Sergio Bergman–, ya que el macrismo necesita seguir con CFK en el banquillo de los acusados, sea en la causa que sea. También hay una razón geopolítica: el alineamiento con Washington hace que la Casa Rosada quiera hacer los deberes, mantenga en la mira a Irán, dándole respaldo a las diatribas diarias de Donald Trump contra el régimen de Teherán.

La realidad es que el expediente por la muerte de Nisman se está cayendo a pedazos porque en cuatro años no encontraron ni un sospechoso ni un vestigio del supuesto comando iraní-venezolano-kirchnerista que perpetró el inexistente homicidio del fiscal. Y lo mismo ocurre con la causa del memorándum que, como el propio Zbar dijo la semana pasada, es un tratado no judiciable.

Aún así, para el oficialismo lo trascendental es que puedan seguir usando estos expedientes –alentados por las derechas de Estados Unidos e Israel– para seguir en campaña. Es un intento de tapar la hecatombe económica de tarifazos, caída de los sueldos reales y jubilaciones, hundimiento de la actividad en beneficio de unos pocos de la franja más rica de la sociedad.