Más de dos decenas de organizaciones sociales de toda la provincia, así como ciudadanos de Gualeguaychú, firmaron una petición dirigida al acatamiento del fallo judicial en el llamado popularmente “caso Amarras”. La mañana del viernes se sumó la paranaense Colectivo Trabajadores por la Ventana, y muchas personas consultaron para adherir a la protesta, supo AIM.

Sobre el valle de inundación del río Gualeguaychú, en 112 hectáreas desmontadas, rellenadas, originalmente humedales, se erige a medias la construcción de un barrio náutico al estilo Nordelta con capacidad para 220 lotes de viviendas con amarres al río, con hoteles y centros comerciales previstos, lagunas interiores y conexión al río Gualeguaychú.

“Para llegar hasta donde llegaron, desde el inicio, la empresa constructora se manejó en la ilegalidad absoluta, manipulando al pueblo, a la opinión pública, cooptando medios de comunicación y sin duda hasta funcionarios que debieron actuar firmemente para prohibir semejante daño al ambiente y no solo no lo hicieron, sino que hasta fueron convalidando el accionar hasta llegar a este desastre ambiental que al día de hoy no encuentra la solución en los hechos”, denunciaron las organizaciones en un documento al que accedió AIM.

Asimismo, agregaron: “Resulta de una gravedad inusitada que semejante construcción haya podido llegar hasta donde llegó, ya que, si bien no nos sorprende la voracidad de empresas privadas, entendemos que ha habido una complacencia manifiesta de diferentes organismos públicos para que así sea, al punto que los vecinos de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano debieron recurrir a la Justicia para frenarlo. El reclamo administrativo data del año 2012, el judicial del año 2015, más de diez años intentando que se respeten las vastas leyes nacionales y provinciales que hacen que este tipo de emprendimientos sean de imposible ejecución”.

“Somos muchas las organizaciones a lo largo y ancho de la provincia que bregamos por un ambiente sano y sobre todo por el respeto a las normativas vigentes que obligan a los funcionarios a ajustarse a ellas. Vemos con pesar violaciones de todo tipo y hoy vemos con espanto el no acatamiento a nada menos que un fallo judicial emitido conforme a lo que obliga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que es un importante precedente que frena muchos otros intentos de avasallamiento sobre humedales, y que probablemente esta sea una de las razones para su no cumplimiento”, concluyeron.

El amparo ambiental colectivo presentado por Julio Majul, organizaciones y más de dos mil vecinos contra la construcción del Barrio Amarras del Gualeguaychú, obtuvo en diciembre de 2019 un fallo ejemplar, que sentó precedente a nivel nacional e internacional y que condena al Estado Provincial, a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y a Altos de Unzué a recomponer el ambiente “in natura” -volviendo las cosas a su estado anterior- en un plazo de 180 días. Sin embargo, transcurrieron más de tres años y medio, y el fallo no se cumple.

“En el mes de junio nos enteramos por los medios – lo dijo en medios radiales el mismísimo fiscal de estado Rodríguez Signes- que la provincia autorizó un plan, que mal llamaron de recomposición ambiental, presentado por la empresa autorizando a ejecutarlo de manera absolutamente ILEGAL, ya que el plan debe ser aprobado por el Juez de la causa. Pese a las reiteradas presentaciones judiciales que así lo señalaban, insólitamente, comienzan a trabajar en el predio hace aproximadamente diez días ejecutando un plan casi macabro de continuidad del proyecto -así lo señaló expresamente el funcionario de Pueblo General Belgrano Francisco Fiorotto-”, indicaron las organizaciones.

El día viernes 4 de agosto el Juez decreta medida de no innovar y ordena la designación de peritos para que evalúen el plan conforme a lo ordenado por la Justicia. Lo cierto es que, al día de hoy, la empresa sigue trabajando ilegalmente, por lo que “hacemos responsables a los tres condenados solidariamente de los perjuicios que puedan ocasionar con el accionar señalado”.

Por ello, quienes suscriben el documento exigen a la Secretaría de Ambiente que “cumpla con su función específica de órgano de control para el cumplimiento del fallo, por lo que sus dictámenes y su posterior control debe ajustarse estrictamente a lo que la justicia ordena: Volver el predio a su estado anterior. El Plan que aprobó en el caso en nada se ajusta al mandato judicial”.

“Al señor Fiscal de Estado de nuestra provincia, que defienda los intereses de los ciudadanos que representa, actúe dentro del marco de la ley y ajuste sus acciones al cumplimiento acabado del fallo judicial, que obliga a la provincia a recomponer el ambiente “in natura” en el predio de Amarras del Gualeguaychú”.

Asimismo, “solicitamos se abstengan de futuras ilegalidades e irregularidades, les recordamos que son representantes del pueblo y están obligados a cumplir la ley. Exigimos en consecuencia que cumplan con su deber, acate la orden judicial y den acabado cumplimiento al fallo en su totalidad, en el plazo más breve posible”.

Además, anunciaron que “estamos evaluando reclamos judiciales concretos contra quienes entendemos están incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos”.