El dinero del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) será administrado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en su cargo de "coordinador del gabinete económico", de acuerdo con los requerimientos fiscales y financieros.
Mientras tanto, los fondos los mantendrá bajo cobijo el Ministerio de Finanzas de Luis Caputo como responsable del Tesoro nacional y con el Banco Nación como agente financiero ante el mercado. El destino del dinero será, prioritariamente, direccionado a atender el déficit fiscal primario y los vencimientos de deuda en lo que reste de 2018 y el año 2019; y, de manera secundaria, la atención del mercado de dólares local como en las últimas jornadas.
Todas las operaciones de cambio a pesos serán operadas desde la entidad que maneja Javier González Fraga. En el Banco Central sólo se depositará el dinero, pero la entidad no será responsable de su manejo, salvo los fondos extras que lleguen desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Esto más el resto del dinero que se obtenga desde entidades privadas y que se está negociando en paralelo a las discusiones con el organismo que maneja Christine Lagarde.
El primer tramo -de entre u$s5.000 y u$s9.000 millones- del préstamo stand by servirá de manera inmediata para garantizarles a los mercados que el desequilibrio fiscal primario con el que el Gobierno cierre este año y el próximo (2,7/2,5 por ciento en 2018 y 1,5 por ciento en 2019), estarán cubiertas por el dinero que se acuerde con el FMI. Cada vez que desde el Tesoro se necesiten fondos para cubrir el desequilibrio primario entre los ingresos y el gasto, desde Finanzas se librará una orden para que el Banco Nación coloque una cierta cantidad de dólares para obtener los pesos para esa operación.
A la vez habrá también libertad para que la entidad que maneja González Fraga pueda decidir la jornada en la cual realizar la operación, según el tipo de cambio vigente y la oferta y demanda de divisas que haya en esos tiempos. En paralelo, obviamente, y de reojo, el Gobierno estará mirando el tipo de cambio vigente; el que, tal como se comprometerá el Gobierno de Mauricio Macri ante Lagarde y su gente, deberá mantener un nivel competitivo mientras dure el acuerdo (en términos aproximados, el precio actual de entre 25,50 y 25,6 pesos). Como el dólar se ubica en niveles de una devaluación aproximada de entre 22 y 25 por ciento (dependiendo el tiempo que se tome de relación), se considera en el Gobierno que ya cubrió el retraso cambiario y sólo se necesitaría absorber la evolución inflacionaria hasta fin de año. Esto implicaría un valor del dólar de aproximadamente $28 para diciembre.
El segundo destino del dinero del FMI será cubrir las necesidades financieras de vencimientos de deudas voluntarias en divisas, y que hasta fin de 2018 alcanzarían los u$s9.000 millones. Como los fondos del organismo no alcanzarían para ambas demandas (déficit primario y vencimientos de deuda), se sondea con bancos privados y fondos de inversión que ya realizaron en los últimos tiempos operaciones con la Argentina, la colocación de deuda voluntaria para cubrir el dinero que se necesite para completar el programa financiero del año. Es el mismo esquema adelantado ayer por este diario para el paulatino desmantelamiento que se quiere operar sobre las Lebac desde el Banco Central.
El dinero será manejado así por el ministerio de Luis Caputo, pero administrado diariamente por Nicolás Dujovne en su rol de ministro coordinador. Este será el responsable de que los fondos necesarios sean los mínimos indispensables para garantizar el manejo de la administración pública y que se asimilen a la meta fiscal primaria que Dujovne firmará como compromiso ante el FMI. Y será además el encargado de manejar, al menos parte, la política cambiaria a través del Nación.
Para el Banco Central, la decisión es un redireccionamiento de roles. El primero, y fundamental, es que la entidad que maneja Federico Sturzenegger ya no se compromete a comprar los dólares para la operatoria del Tesoro, lo que implicaba como contrapartida la necesidad de manejar más pesos en el mercado. Como consecuencia, esta tarea le imponía un piso a la baja del dólar y lo obligaba a esterilizarlo vía la emisión de Lebac. Con la nueva tarea, el rol del Central se direccionaría mejor hacia el combate a la inflación a través de cierto manejo más amplio de la política monetaria.
Además, implicaría que tanto el Ejecutivo como el Banco Central cumpliría con uno de los condicionamientos que se imponen desde Washington: que los dólares que lleguen desde el FMI no se utilicen para cubrir o financiar corridas cambiarias. Y quedaría además como principal administrador de las reservas partiendo de un nivel de entre u$50.000 y 55.000 millones. La entidad podría ejecutar la política cambiaria en la que más cree la conducción actual: la flotación libre.