La justicia española condenó en firme a penas de entre nueve y trece años de prisión a los líderes del llamado "Procés" por el que hace dos años se intentó separar a Cataluña del resto de España para convertirla en una república catalana.

La mayor de las condenas recayó sobre quien fue vicepresidente de Cataluña y es hoy figura clave del independentismo, Oriol Junqueras, a quien impuso trece años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargos públicos por los delitos de "sedición" y "malversación de fondos públicos".

El fallo

La difusión del fallo abre un nuevo período de tensión en España. El gobierno defiende que se trata de un paso "institucional y de acatamiento a la división de poderes en un Estado de derecho".

La decisión es consecuencia "de un proceso judicial transparente" en el que nadie es juzgado por sus ideas, sino por "delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico", dijo el presidente socialista Pedro Sánchez al anunciar "la obligación de cumplir" el fallo.

Del otro lado, el gobierno independentista catalán llama a la resistencia ante la "opresión y represión" de los derechos a la vez que define como "presos políticos" a los doce sentenciados.

"Esta sentencia es un insulto a la democracia", descalificó el presidente regional de Cataluña, el independentista Joaquín Torra, quien, sin embargo, en su primera reacción se abstuvo de hacer un llamamiento popular concreto.

"Esto no es justicia, es venganza", dijo, desde la cárcel, Junqueras, el primero de los condenados en reaccionar. "Nada de esto me aleja de mis convicciones", añadió.

Movilización en Cataluña

Pasado el mediodía, nuevas marchas de resistencia comenzaban a poblar las calles de Cataluña.

Se trata de la primera condena de ese tipo que se conoce en la Unión Europea (UE) y el gobierno español se prepara para defender "el respeto al estado de derecho" ante sus pares de bloque.

Las penas son duras, pero mucho menos que los 25 años pedía la Fiscalía. La diferencia está en que el Ministerio Público pedía castigo por el delito de "rebelión" que es el que conlleva mayor castigo. Pero los jueces no lo consideraron probado.

"Hubo episodios de violencia, pero insuficientes para configurar el delito de rebelión", dice la sentencia; que, en cambio, sí afirma aprobados los de sedición y de malversación de fondos públicos.

El resto de condenas

Además de los 13 años de prisión e inhabilitación para Junqueras, el Tribunal Supremo impuso doce para los ex consejeros Raúl Romeva -quien hasta ahora es eurodiputado- Jordi Turull y Dolores Bassa.

Muy cerca de los 11 años y seis meses que se le aplicaron a la ex presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell.

El cuadro de castigos sigue con penas de 10 años y medio para los ex consejeros Josep Rull y Joaquín Forn; y con nueve para cada uno de los "Jordis", tal como se conoce a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex titulares de las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural.

Los ex consejeros Santi Vila -que renunció 24 horas antes de la fallida declaración de independencia- Maritxell Borrás y Carles Mundo llevan castigos excarcelables, con un año y ocho meses más multa en euros.

Según juristas, pese a la dureza de la sentencia, la mayoría de los condenados tienen relativamente cerca la posibilidad de acceder a un régimen de semi libertad con salidas temporales de prisión.

Para eso deben cumplir con una parte de la pena y demostrar buena conducta. El primero de los requisitos sumará los dos años que ya llevan de prisión condicional.

Nada de indultos

El gobierno socialista español se puso en marcha para defender el acatamiento del fallo y el respeto a las decisiones judiciales como "parte esencial de un estado de derecho".

Miembros del gabinete del presidente "en funciones" Pedro Sánchez fueron instruidos para expresar esa línea argumental. La primera reacción que se conoció fue la Joaquín Abalos, uno de los principales asesores del presidente. "La sentencia se tiene que respetar y acatar sí o sí", dijo.

El mensaje fue un llamado en toda la línea a la movilización de "resistencia" a la que se convoca desde el gobierno regional catalán.

El funcionario, con acceso directo al despacho del presidente, aseguró que "el gobierno no tiene voluntad" de aplicar indultos, ahora que las penas están confirmadas. En todo caso, "no procede" hablar de eso ahora, añadió.

La Moncloa, sede del gobierno español, hizo una fuerte defensa de respeto a la decisión judicial.

"España es una democracia consolidada. Una de las más fuertes del mundo", sostiene un video que miembros del gobierno grabaron en varios idiomas para hacerlo llegar a capitales de todo el planeta.

El mensaje se expresa en español, inglés, francés, alemán y hasta en ruso.

En cárceles catalanas

Pasado el mediodía y dos horas después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, comenzaron en Cataluña las primeras manifestaciones de rechazo y resistencia.

Como suele pasar en estos casos, los primeros en salir a la calle fueron alumnos de distintas universidades públicas. "Libertad a los presos políticos", clamaban.

Los líderes independentistas llevan ya casi dos años de prisión condicional a la espera del veredicto confirmado que se conoció hoy. En medio, fueron juzgados en proceso abierto y televisado a todo el mundo por la Sala de lo Penal Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena.

Con el paso de las horas se espera que las expresiones de rechazo y resistencia aumenten en Cataluña.

Entre las paradojas del fallo figura el hecho de que todos los condenados quedan a disposición de cárceles catalanas, de las que el gobierno regional catalán tiene la llave.

El gesto es también una prueba de hasta dónde es capaz de llegar el gobierno regional independentista de Joaquín Torra con sus llamados a resistir el fallo. ¿Abrirá acaso las puertas de las celdas?", es la pregunta retórica que le formulan analistas.

De hecho, al tratarse de establecimientos catalanes, sería el gobierno de Torra el que tendría en sus manos la posibilidad de otorgar el régimen de semi libertad -llamado tercer grado- a los condenados.

Con el paso de las horas, los llamados a la resistencia crecían. "Es hora de revuelta popular" decían en Cataluña los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).

Fuente: LN