La modificación de la carta magna local impulsada por el gobernador Gerardo Morales generó rechazo por su contenido y el tratamiento exprés. Hubo protestas masivas, choque con la policía y detenidos, cuya liberación es reclamada desde diversos sectores.

La reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy generó una ola de protestas este fin de semana en el distrito del norte argentino. Fueron encabezadas por comunidades originarias, gremios y partidos políticos que rechazaron tanto el contenido como el tratamiento brindado por los convencionales constituyentes jujeños.

La aprobación del nuevo texto, impulsado por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, se dio en la madrugada del viernes 16 de junio, luego de una semana de tratamiento en comisiones. En ese periodo, cuestionado por su brevedad, se abordaron puntos críticos para la vida institucional de la provincia como la regulación del derecho a la protesta, la propiedad de las tierras de las comunidades originarias en donde se hallan recursos naturales como el litio, nuevos mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control, entre otros puntos de una reforma parcial pero amplia.

El avance del proyecto derivó en un reclamo de las comunidades originarias que se organizaron para viajar desde el norte de la provincia - desde las regiones de la puna y quebrada - hacia la Capital, con el propósito de realizar objeciones hacia los puntos de la reforma que los afectaban. Ese objetivo quedó nulo tras la aprobación del nuevo texto constitucional, que ocurrió en la madrugada previa a la llegada de los comuneros.

La votación fue dirigida por el propio Morales, tras una sesión realizada durante la noche, que culminó con la aprobación, pasadas las 6 am.

Esto despertó una ola de protestas que se materializaron en manifestaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. El más resonante ocurrió en la ruta 9, en el ingreso a la localidad de Purmamarca, en donde los manifestantes resistieron al intento de las fuerzas de seguridad para liberar el paso vehicular y se produjeron serios incidentes.

Las imágenes de golpes, pedradas y detenciones se viralizaron a lo largo de toda la jornada del sábado 17 de junio. El saldo fue al menos una veintena de detenidos. Entre ellos hubo dos periodistas, Luciano Aguilar de la Izquierda Diario y Camilo Galli, del medio local el Submarino, cuya liberación fue exigida por el Foro de Periodistas Argentinos (Fopea). Ambos finalmente recuperaron su libertad.

También hubo protestas en la ruta 34, en la región de las yungas.

Tras una jornada convulsionada, el gobierno de la provincia de Jujuy emitió un comunicado en el que invita a los representantes de las comunidades a una ronda de diálogo para poner en discusión los puntos controvertidos de la reforma.

El convencional constituyente Alejandro Nieva, histórico dirigente radical de Jujuy, fue el encargado de defender la reforma, reproduciendo la postura oficial: las modificaciones lejos de limitar los derechos de los comuneros, los amplían, según el oficialismo jujeño.

Las comunidades, sin embargo, desconfían de esa posición. Sostienen que tanto el artículo 50 como el 30 de la nueva constitución, entre otros, avanzan en la regulación de los terrenos que ocupan históricamente. En ellos, el Poder Ejecutivo local se reserva la potestad de reconocer la existencia de las comunidades a través del otorgamiento de la personería jurídica, y la posesión de las tierras. Las comunidades aseguran que allí se abre un terreno para un tratamiento parcial por parte de los funcionarios, que privilegia a algunos y margina a otros.

Las protestas contra la reforma, además, coincidieron con un fuerte reclamo docente por mejoras salariales. Si bien son temas separados, los dirigentes sindicales los combinaron por otro aspecto álgido de la reforma: el artículo 67, titulado “Derecho a la paz social y a la convivencia pacífica”, establece regulaciones respecto del modo de protestar en la provincia.

En su inciso 4, apartado 2, dispone “la reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas”. Eso es interpretado como una limitación.

Tras una jornada de alta tensión en la provincia, el gobierno local sostiene la convocatoria para poner en discusión, al menos, el artículo 50 de la reforma. El oficialismo local, además, responsabiliza a otras fuerzas políticas, como la Izquierda, por agitar los reclamos. Una convencional de ese espacio político, Natalia Morales, estuvo entre los detenidos en medio de las revueltas. La discusión en Jujuy continúa abierta.