A partir de un proyecto de ley, se buscará establecer el derecho a la realización de trámites administrativos en oficinas cabecera única, de manera personal o virtual, y sin que le sea requerida documentación cuyos datos obren en archivos estatales, organismos descentralizados y autárquicos o en otros bancos de datos de acceso público por Internet. La iniciativa, autoría del bloque parlamentario FPV, se encuentra en la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados a la espera de tratamiento, supo AIM.  

Entre sus puntos, la iniciativa establece que las oficinas y organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, tendrán la responsabilidad y obligación de diligenciar y compendiar todos los datos, constancias, certificados y notificaciones oficiales que se necesiten para resolver y concluir positivamente la tramitación que les haya sido requerida por los ciudadanos.

En sus argumentos, el texto al que tuvo acceso AIM, indica que las leyes de procedimientos administrativos -nacional y locales- tienden a evitar el recargo innecesario de trámites burocráticos que entorpezcan el desarrollo del procedimiento. Sin embargo, en la actualidad, se requiere al ciudadano documentación que se encuentra en bases de datos del ámbito estatal, lo que retrasa y entorpece algo que debería fluir con normalidad al realizar trámites ante todos los organismos dependientes del Estado.

Utilizando la tecnología y coordinando los sistemas de gestión existentes se puede eliminar la burocracia de los trámites, para que así los ciudadanos accedan a un sistema más ágil y flexible.

En ese sentido, realizando convenios con el Estado nacional, provincial y municipal, se agilizarían aún más las gestiones de los ciudadanos ahorrando el innecesario tiempo que hoy deben perder en buscar documentación estatal para aportar a otra oficina estatal, incluso de la misma repartición, para concluir trámites a los que el propio Estado obliga.

Por ello, el procedimiento administrativo tiene que ser eficaz y llegar al administrado de manera más fácil, que no se sometan a objeciones y dilaciones que puedan perjudicar el procedimiento administrativo, favoreciendo los mecanismos de eficiencia que puedan darse a través de la Administración Pública en busca de mejorar en su funcionamiento.