El candidato a Defensor del Pueblo de Paraná, Esteban Folador, apuesta a la renovación generacional de la dirigencia política y promueve una gestión que modernice la Defensoría, cree ciudadanía y posicione a la institución como un organismo de contralor.  “El rol del organismo de contralor gubernamental, en este caso la Defensoría del Pueblo, es proveer la institucionalidad, transparencia y de contacto y canalización ciudadana”, dijo a AIM. 

El licenciado en ciencias políticas, postgrado en comunicación política Universidad Nacional de Rosario (UNR) consideró que  “hay generaciones que cumplieron un ciclo, y cuando me refiero a generaciones lo hago no solo pensando cronológicamente, sino en cuanto a posiciones que han sentado dirigentes que llevan más de una década y se han aggiornado, siendo en ciertas ocasiones funcionales al poder de turno, haciendo guiños y en algunos casos gruesos silencios, esto genera que la opinión pública los haya tildado de que al defensor se le olvidó el pueblo”.

“Por otro lado hay que tener en cuenta que estamos frente al comienzo de un siglo marcado por el surgimiento de nuevos actores civiles  (tecno ciudadanos) de la misma forma que lo estuvo, el siglo anterior por el Estado. La nueva cosmovisión del Estado y la legitimidad de la gobernabilidad democrática dependen de la capacidad del sistema político de gobierno de conjugar los intereses ciudadanos. En este escenario, el rol del organismo de contralor gubernamental, en este caso la Defensoría del Pueblo, es proveer la institucionalidad, transparencia y ser un organismo de contacto y canalización ciudadana”, apuntó.

En ese marco, precisó que “existen actores socio políticos que son impermeables a los cambios tecnológicos que estamos atravesando y no comportan rasgos que den a entender su adaptación a estos tiempos y como consecuencia deben dar inexorablemente un paso al costado”.

En la conformación de una generación “se superponen propiedades y tendencias del pensamiento social de época supeditadas a la vez a las estructuras socio económicas. Lo anterior no implica un determinismo generacional y cronológico, sino más bien, un abanico de posibilidades a las cuales accede cada individuo de acuerdo a sus determinantes sociales, biográfica genealógica e itinerario identitario”, remarcó.

Ante ese escenario, el docente universitario adelantó que la gestión que propone “se basa en tres pilares: modernización institucional, generar ciudadanía y posicionar a la Defensoría como un organismo de contralor)”, pero aclaró: “Esto no es una enumeración taxativa y que se acorta en solo estos puntos, sino que a modo de ser sucinto se detallan estos puntos, tampoco deja de lado algunos aspectos que podrán, luego de una evaluación institucional, ser dejados como políticas de continuidad en el caso que sean valorados como positivos”.

 Modernización institucional

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) “han revolucionado casi todos los aspectos de la vida de las personas de distintas formas. Varios de estos cambios estructurales más visibles se dan, sin duda, en el ámbito del gobierno, en el que la aplicación de las TIC (sobre todo internet, pero no exclusivamente eso) ha significado la modernización de la gestión público/institucional, la mejora en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, la mejora en la gobernabilidad, y fundamentalmente la oportunidad para redefinir los conceptos y formas tradicionales de participación ciudadana y democracia”, dijo el fundador de la consultora Indicios.

“Por un lado, tengo el convencimiento de que el desarrollo de la ‘Sociedad de la Información’, lejos de ser un fin en sí mismo, es un objetivo que tiene como razón de ser la mejora y el aumento de la calidad de vida del ciudadano. Por otro, que son muchas las acciones emprendidas en los últimos años orientadas a hacer llegar las ventajas del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las (TIC), a todas las regiones y ámbitos sociales, y que es necesario partir de estos ejercicios reales, de su mayor o menor fortuna, para aprender de la experiencia y seguir avanzando sobre bases sólidas”, remarcó.

La mayoría de países de América Latina “han emprendido iniciativas de gobierno electrónico. Es notorio en ellas un énfasis especial en la mejora de los procesos de gestión y administración del Estado y en la calidad de servicios en línea que ofrecen. Esto tiene que ver fundamentalmente con mejorar su capacidad para participar en el manejo del Estado y para tomar decisiones informadas sobre su propio desarrollo. En definitiva, para incrementar la participación de los ciudadanos/as en los procesos democráticos”.

Los aspectos que se destacan bajo este enfoque son: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, incremento de los canales de comunicación y diálogo directo entre ciudadanos/as y funcionarios/as públicos, entre otros.

“Es claro que la promoción del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el gobierno y las instituciones públicas mediante la aplicación de las TIC, abre oportunidades para una ciudadanía más activa, propositiva, preparada y participativa en los procesos políticos y de toma de decisión del Estado y de su propia vida. Ello refuerza la democracia y genera una cultura distinta que confronta a la del secreto, a la corrupción y al secuestro de la esfera pública por grupos de poder, no solo en la ciudadanía (incrementando su capacidad de participación y control social, monitoreo o veeduría) sino también en los líderes políticos y los funcionarios públicos (aumentando los niveles de sensibilización sobre la importancia de actuar y decidir en pro del bienestar colectivo)”, consideró.

Creación de ciudadanía

Por otro lado, “la inclusión de las nuevas tecnologías en la administración  de la cosa pública nos lleva directamente a el contacto necesario entre los ciudadanos y la institución, y entre la relación interinstitucional”.

Este siglo XXI “nos ha dejado inmersos en los que el sociólogo español, Manuel Castells define como “sociedad de la información” que es específicamente aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los programas de desarrollo de los países industrializados y el término ha tenido una connotación más bien política que teórica, pues a menudo se presenta como una aspiración estratégica que permitiría superar el estancamiento social. Asimismo, la noción de "sociedad de la información" trae consigo una serie de disposiciones históricas que la emparentan con el cambio de mentalidad desde la arcaica a la moderna”.

El proceso de construcción de la ciudadanía, “es lo que tradicionalmente Thomas Marshall entiende “como el estatus concedido a aquellos sujetos que son plenos miembros de una comunidad pública, y que son iguales con respecto a los derechos y deberes con los que el estatus los dotó”, implica un proceso de igualación que se desenvuelve en dos dimensiones. Por un lado, la incorporación a una comunidad de iguales, la esfera pública, hace referencia a un proceso simbólico, en el que quien hace parte de ese espacio entra a compartir unas formas y representaciones de la realidad y una memoria común, a pesar de las divergencias que existan en otros campos. Por otra parte, la construcción de la ciudadanía tiene unos referentes muy concretos que se materializan con el acceso del sujeto a derechos de carácter civil, político y social”, dijo el politologo.

“Este traspaso comporta necesariamente la necesidad de acercamiento institucional al ciudadano, el cual ya no es pasivo, sino un activo auditor de la gestión pública. Las tecnologías de la información permiten que en cualquier punto geográfico dado, un ciudadano pueda ser testigo/denunciante de los abusos de poder que puedan surgir. Estas ventajas tecnológicas deben ser acompañadas por la institución, que no solo debe disminuir la brecha digital brindando herramientas, sino propiciar el encuentro entre quienes solicitan  la respuesta y defensa de sus derechos”, afirmó.

 Organismo de contralor

Por otro lado, el rol del control, tal como el que pueden desarrollar los organismo de control externo o interno, “consiste en un examen global, total e integrado, que tiende al control de la gestión pública desde una perspectiva externa o interna a su propio proceso y que está orientada, entre otras cuestiones, a promover la mejora de las operaciones de gobierno –en términos de economía, eficacia y eficiencia– y a fortalecer la capacidad sistémica del estado de rendir cuentas de su gestión ante la sociedad”.

Por sistema integral “se entiende al control de la totalidad de las áreas de intervención de la gestión de una institución y de los múltiples aspectos en que se estructuran: la legalidad de sus intervenciones; la economía, eficacia y eficiencia del gasto; el respeto de los derechos individuales y colectivos; la calidad de los servicios públicos y prestaciones, etcétera. Para ello, articula las perspectivas complementarias que ofrecen el control interno y externo; el análisis en todo el recorrido temporal de la intervención: ex ante, concomitante y ex post, en una modalidad cuyo fin esencial es la rendición integral de cuentas del sector público. Por sistema integrado, en tanto, se refiere a que el control es componente de un sistema que abarca los distintos tipos de control como proceso distinto, pero integrado al resto de los procesos de la gestión, y no como un conjunto de mecanismos burocráticos aislados, añadidos a dichos procesos. Es ejecutado por organizaciones específicas que, al decir de Guillermo O`Donnell, podemos referirlas como agencias de ‘accountability’ horizontal asignada (en este caso la Defensoría del Pueblo) “legalmente encargadas de supervisar, prevenir, desalentar, promover la sanción, o sancionar acciones u omisiones presuntamente ilegales de otras agencias estatales, nacionales o subnacionales”.