Por María Quintero, de Revista PPV, especial AIM. Ayer se debatió en Diputados, la reforma jubilatoria que intenta poner fin a las jubilaciones de privilegio de la Justicia y del Servicio Exterior. El proyecto impulsado por el Ejecutivo consiguió un dictamen de mayoría, para su tratamiento. Sin embargo, el proyecto original tuvo algunas modificaciones impulsadas por el propio Frente de Todos y otras por pedido del sector judicial y abaladas por Juntos por el Cambio.

El proyecto eleva del 11 a 18 por ciento los aportes adicionales al régimen general, establece el 82 por ciento móvil sobre un promedio de los últimos diez años y eleva la edad jubilatoria a los 65 años para los hombres -aumentará escalonadamente hasta 2025-. En el caso de las mujeres, quedarán por fuera de la suba de la edad jubilatoria, manteniéndose en los 60 años, una modificación impulsada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Además, se introdujo un cambio sobre los aportes que necesita un magistrado para acceder a este sistema jubilatorio especial para los jueces del Poder Judicial: de los 30 años de aportes requeridos para poder jubilarse, se exigirán 10 años continuos de aportes en la justicia o 15 en forma discontinua, en lugar de 20 años como lo establecía el proyecto del gobierno nacional.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica, que se aprobó en diciembre de 2019, propuso una modificación en el sistema previsional suspendiendo el 82 por ciento móvil para aplicar una escala redistributiva de dinero hacia aquellos jubilados más afectados por la profunda crisis, sin embargo, quedaron fuera de la modificación las jubilaciones de privilegio. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró durante el debate en Comisión del día de ayer que el “cinco por ciento de los beneficios más altos representan el 20 por ciento de los recursos que hoy tiene el sistema previsional”.

En este sentido, la reforma en las jubilaciones que se debatirá en el Congreso afecta a las jubilaciones de privilegio que cobran los magistrados y que rondan aproximadamente los 290 mil pesos y a las que cobran los funcionarios del servicio exterior, alrededor de los 320 mil pesos.

En un marco de una profunda crisis económica, tras cuatro años de neoliberalismo, el Gobierno nacional busca aplicar medidas económicas redistributivas. Sin dudas, la mayoría de los jubilados y las jubiladas han sido uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri.

Desde 2015 y hasta 2019, el Sistema Previsional Argentino, a su vez, ha sufrido un fuerte vaciamiento producto de la caída en la recaudación por la pérdida de más de 230 mil puestos de trabajo en el sector formal y a esto se sumó la baja en las contribuciones patronales que estableció el gobierno de Mauricio Macri. Producto de la crisis económica, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que aún conservaban su trabajo cayó un 20 por ciento, esto determinó una caída del consumo que a su vez produjo una baja en los aportes del IVA que ingresaban a Anses.

Ante esta realidad, es sin dudas, primordial tomar medidas que comiencen a atender a aquellos sectores más castigados por la crisis, para que apelar a la solidaridad de todos y todas no sea solo una frase épica, sino una realidad en un país en el que durante cuatro años la brecha entre los que más tienen y los menos tienen ha sido profundizada.

La redistribución del ingreso es imperiosa en la Argentina del año 2020. Una redistribución que comience a subsanar las heridas causadas por los cuatro años de un gobierno que dejó un 37, 5 por ciento de pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza multidimensional trepó 10 puntos en los últimos cuatro años, al pasar del 27,2 por ciento de la población en 2015 al 37,5 por ciento en el tercer trimestre de 2019 y afecta a 15,8 millones de personas.

En esta Argentina 2020, y de cara a un futuro que realmente nos incluya a todos, el debate por la reforma en las jubilaciones de privilegio no sólo no es un debate más, sino que es una demanda social, una responsabilidad política y un deber solidario de la sociedad, toda.