El defensor del Pueblo de Paraná, Luís Garay, confirmó que tanto a nivel local como provincial y también nacional -desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra)- se pidió a las respectivas autoridades la revisión y una baja de las tasas e impuestos que impactan sobre la tarifa eléctrica. Si bien admitió a AIM que desde el organismo que conduce “hay muy pocas posibilidades de actuar en cuestiones concretas” respecto de la problemática, apostó a la voluntad política de los gobernantes para dar respuestas a la gravedad del problema.

Los fuertes incrementos de la tarifa eléctrica y la preocupación por las futuras subas generan debate y preocupación en amplios sectores que buscan todo tipo de herramientas y acciones para intentar frenar o atenuar el impacto sobre los usuarios.

Si bien admitió que “hay muy pocas posibilidades de actuar en cuestiones concretas” desde ese organismo y aclarando que la llave de la solución está en la voluntad política de los gobiernos, el defensor del Pueblo de Paraná, Luís Garay se refirió a las distintas acciones que impulsan tanto a nivel local y provincial como nacionalmente a través de Adpra.

“Se ha pedido a nivel nacional el tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para nosotros la parte impositiva sería una cuestión a resolver, disminuir el monto del IVA para que no repercuta en cada una de las boletas. Hablamos de la luz y el gas, y el agua en el caso de las ABL que tienen en Buenos Aires”, explicó.

A nivel local, contó que ya hicieron una presentación en la municipalidad “sobre la carga impositiva que sumando los dos tributos pasa el 24 por ciento, por lo que pedimos que haya una revisión y en el caso de lo que es la tasa que se cobra al espacio público que directamente lo pague la empresa y no el usuario”.

Por otro lado, a nivel provincial, junto con la Asamblea Vecinalista Ciudadana la defensoría pidió una audiencia al gobernador para que envíe a la Legislatura alguna iniciativa tendiente a “disminuir el monto del impuesto del Fdeer (por el Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos) que es entre el 13 y el 18 por ciento de acuerdo a los kilovatios que se consuman”, porque si bien hubo proyectos presentados por diputados “falta una decisión política”.

Asimismo, planteó la necesidad de que desde el poder político se busquen alternativas, “que ya escapan al Defensor del Pueblo, para que la energía que compra (la provincia) a Camesa venga con algún tipo de subsidio y no se traslade directamente a los usuarios”.

Por otro lado sostuvo la necesidad de revisar en audiencia pública el acuerdo que la distribuidora (Enersa) tiene para realizar una actualización trimestral, que es prácticamente automática: “En su momento, cuando se aprobó en agosto de 2016, no se sentía tanto porque nunca se imaginó nadie que iba a venir un valor tan alto en las boletas con la quita del subsidio nivel nacional. Hoy todo eso está repercutiendo”.

En términos generales, Garay dijo que hablaron con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre) la necesidad de sentarse a discutir “todo el tema tarifario”.