El defensor del Pueblo Adjunto de Paraná, Pablo Donadío, solicitó la intervención del defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, ante la situación de vulnerabilidad extrema y desprotección de las personas que viven en la calle. La acción fue solicitada ante un caso de extrema vulnerabilidad de alguien que permanece en la Plaza 1º de Mayo. Las ONG que ayuda pueden dar asistencia de emergencia, por lo cual se demanda definir “políticas públicas a mediano y largo plazo”, sostuvo a AIM el ombudsman a cargo.

“En estos últimos meses hemos generado unas redes de 17 organizaciones no gubernamentales y gubernamentales como la nuestra, preocupadas por las personas en situación de calle. Lo cierto que todo lo que pueda hacer esta red es fruto de una acción voluntaria. No hay ningún plan coordinado o entidad jerárquicamente superior”, contó en diálogo con esta Agencia Donadío, quien fue consulado por la intervención del organismo en una problemática que se reitera en la ciudad y que se observa en casos extremos, como el de las personas que acampan en Plaza 1º de Mayo, y que incluso algunas no se pueden desplazar por sus padecimientos.

En este orden, se conoció que a través de una nota dirigida al titular del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Entre Ríos, Donadío expresó que resulta “alarmante” el estado de quienes viven en la plaza y, a modo de referencia, mencionó el caso de una de las personas, que se encuentra en “absoluta indignidad y con un estado de salud que se deteriora día a día”. Está “impedido de movilizarse por sí mismo, por lo que requiere el uso permanente de pañales, lo que demanda asistencia para su higienización”, detalló, en relación a la situación de un hombre.

Seguidamente, se advirtió sobre la cantidad importante de personas que viven en la calle, aunque aún no se cuente con un número determinado, y respecto de la necesidad de “hacer operativos los derechos y garantías, consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos (art. 75, inciso 22)”. En ese sentido, añadió que el acceso a los derechos, por parte de estas personas, “se logrará con acciones positivas de parte del Estado que superen perspectivas asistencialistas”.

Ante la situación, el defensor del Pueblo solicitó la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la provincia en “pos del resguardo de los derechos de estas personas”. Se trata de situaciones en las que “no solo son vulnerados derechos básicos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, sino también a la vida misma”.

Largo plazo

Donadío recordó que la oficina a su cargo trabaja en la problemática desde la creación de la institución, en 2003. El pedido a las autoridades provinciales y municipales se ha reiterado en el tiempo y consiste en la instrumentación de políticas públicas que atiendan la situación en forma integral y constante.

En cuanto a la red de ONG describió que se abocan a la tarea de reunirse y hacer relevamientos, “comentar lo que ocurre y el aporte de lo que puede cada uno dar. Algunos dan de comer, otros juntan ropa, profesionales de la salud se sumaron individualmente a curarlos. Hay peluqueros voluntarios y los llevan a tomar un baño. Pero todas estas acciones son paliativos. Entendemos que son situaciones circunstanciales y temporarias. Tanto nosotros como Defensoría y otras instituciones entendemos que es el Estado quien debe definir políticas públicas a mediano y largo plazo”, reiteró.