El Gobierno limitará y modificará los contratos de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades públicas. El primer paso lo dio la Casa Rosada ayer, con uno de los artículos de un megadecreto de reducción de gastos, que determinó que quedarán sin efecto los llamados "convenios de asistencia técnica" con universidades.

Como segundo paso, la gestión de Cambiemos prepara una nueva normativa para que las universidades brinden al Estado servicios acordes con su materia, bajo controles más estrictos. Ya no podrán ser proveedoras de bienes y, mucho menos, de obras públicas.

El decreto 632/2018, publicado ayer, en su tercer artículo, determinó que "los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019". Y que no se celebrarán nuevos contratos bajo esta modalidad.

En los próximos días, según señalaron en la Casa Rosada, se publicará el nuevo régimen de contratos interadministrativos para acotar el rol de universidades como proveedoras de servicios. La reglamentación estipulará que las universidades deberán limitarse a servicios de "consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación".

Las contrataciones, en tanto, se harán a través de la plataforma Compr.ar, dispuesta por el ministerio de Modernización para que haya una compulsa de precios.